La Asamblea Legislativa ratificó este martes el “Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia”, y su “Protocolo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias”, el cual tiene por objeto garantizar la eficacia del referido cobro, a través de un sistema de cooperación eficaz y eficiente entre las partes contratantes, para la ejecución de las decisiones en materia de alimentos.
Es decir, se podrá gestionar el cobro de las cuotas alimenticias a las personas que tengan una resolución de pago aunque no se encuentren en el territorio nacional.
Con dichos instrumentos se pretende contar con una herramienta y un sistema flexible, que coadyuve a la protección, seguridad alimentaria y sano desarrollo de niñas, niños, jóvenes menores de 21 años y otros miembros de la familia que necesiten medidas de protección y seguridad alimentaria. En ese sentido, los Estados parte reconozcan su deber de brindar una protección alimenticia transfronteriza hacia ellos.
Será la Procuraduría General de la República (PGR) la entidad que se coordinará con su homóloga en otros países para poder hacer efectivo el convenio para el cobro de las cuotas.
Ambos instrumentos fueron hechos el 23 de noviembre de 2007 y emanan de la Oficina de la Conferencia sobre Derecho Internacional Privado.
Convenio con Estados Unidos
También se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras.
Los gobiernos de ambas naciones suscribieron el acuerdo el 7 de octubre de este año y tiene por fin el intercambio de buenas prácticas de gestión aduanera, el combate de las infracciones a las leyes aduaneras, para asegurar la tasación exacta de los derechos de aduana y otros impuestos generados por las operaciones de comercio exterior. Esto también buscaría proteger los intereses económicos y fiscales de ambos países.
De la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno también se aprobó, con 58 votos, el dictamen favorable a la reforma al inciso segundo del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 555, de fecha 8 de noviembre de 2022, mediante el cual se reformó la Ley de Notariado, relacionado a la creación del Protocolo Digital, con el objeto de extender el plazo a la Corte Suprema de Justicia para la implementación y cumplimiento del mismo, hasta el 31 de mayo del 2025.
El dictamen fue aprobado este mismo martes horas antes del inicio de la sesión plenaria. El plazo de dicha reforma finalizaba el 15 de noviembre de 2024..
El diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, destacó que el tiempo aprobado es la mitad del que fue solicitado por la CSJ, pues ya contaron con un tiempo para realizar este proceso. "Se les está dando una parte nada más del tiempo que ellos han solicitado y esperamos que la CSJ cumpla con esta parte... que traten de hacer las adecuaciones necesarias para que estos beneficios comiencen a llegar lo más pronto posible a los abogados de nuestro país", expresó.