Derogatoria de la deuda política pendiente de ratificarse

La Asamblea Legislativa recibió en la sesión plenaria de este miércoles la iniciativa de diputados de Nuevas Ideas de que se ratifique el acuerdo de reforma constitucional que deroga el artículo 210 de la Carta Magna, para la eliminación de la deuda política o financiamiento de fondos públicos a los partidos políticos.

La pieza de correspondencia pasó a estudio de la Comisión Política, la cual fue convocada a sesión para el próximo martes 25 de febrero.

En la sesión pasada del pasado 12 de febrero, se aprobó el acuerdo de reforma para derogar el artículo 210 que dice: "El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia.

Para ser efectiva la derogatoria, se debe ratificar el acuerdo de reforma, que con la modificación al artículo 248 de la Constitución ratificada el 29 de enero, podrá hacerlo la actual legislatura ya que estableció que se puede ratificar por la misma Asamblea Legislativa "con el voto de la tres cuartas partes de los diputados electos". Esto significa un mínimo de 45 votos y Nuevas Ideas cuenta con 54 más tres del PCN y PDC, lo que le permite hacer todos los cambios que quiera a la Constitución.

La ley secundaria regulará lo referente a esta materia". La Ley de Partidos Políticos establece los lineamientos para la entrega de dicho financiamiento, que se basa en una cuantía establecida por el Ministerio de Hacienda por cada voto válido en las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales.

De acuerdo a voces de especialistas y de oposición, la eliminación de la deuda política es solo una excusa de parte del oficialismo para cambiar la Constitución de la República en cualquier momento y sin ninguna consulta ciudadana.

Riesgo de financiamiento

Mientras que organizaciones de la sociedad civil advierten el riesgo de que los partidos políticos reciban financiamiento de fuentes ilícitas o que el financiamiento privado incida en favores políticos.

"Aumenta el riesgo de que la política responda a intereses particulares. O se refundan los partidos, o se repiensan para posicionarse ante el electoral, o se crean nuevos partidos", dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), en la entrevista de Frente a Frente este martes.

Según un informe de AC, los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos $160.4 millones como financiamiento público y privado desde 2014 hasta 2023. Eso sin tener en cuenta datos de Nuevas Ideas, ya que el partido político oficialista no ha transparentado la información de su financiamiento.

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La organización advierte que "se elevará el riesgo de que los partidos accedan a fondos prohibidos, como los del crimen organizado o fondos públicos, para financiar sus campañas electorales. Esto es muy probable que suceda dado que no existe la debida fiscalización desde la autoridad electoral”, con la eliminación de la deuda política.

También la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) considera un alto riesgo de intereses particulares que se verían beneficiados si financian a los partidos políticos.

“El financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones. Al suprimir este financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, lo que podría distorsionar aún mas la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común", señaló FESPAD en un comunicado.