El gobierno pretende que unos 5,000 trabajadores del Órgano Ejecutivo y entidades descentralizadas no empresariales y autónomas que están pensionados o jubilados, pero que aún siguen laborando, se acojan al decreto de “retiro voluntario” que ha sido acordado este lunes 15 de mayo por los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea.
Los parlamentarios emitieron dictamen favorable para la propuesta de “Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas” enviada a la Asamblea el pasado 11 de mayo.
El director general del presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, explicó a los diputados que prevén que unos 5,000 trabajadores del sector público que siguen laborando a pesar de estar pensionados o jubilados se acojan al beneficio de la compensación, estipulada en la iniciativa de ley hasta en un máximo de $25,000.
“Son más de 5,000 personas que estarían siendo beneficiadas, si todas eligen acogerse al decreto. Solo aplica para jubilados o los pensionados que aún trabajan en el sector público y decidan retirarse voluntariamente. El pago se realizará en dos cuotas iguales, equivalentes a la mitad del monto total a percibir y el tiempo a transcurrir entre una compensación y otra no será superior a los 30 días”, manifestó el funcionario.
El financiamiento para pagar estas retribuciones vendrá de las mismas instituciones en donde laboran los empleados que decidan acogerse al “retiro voluntario”.
De acuerdo a lo informado por Salazar, las plazas quedarán congeladas, por lo que cada entidad deberá echar mano de esos recursos para pagar la compensación de los empleados que ostentaban ese puesto laboral, a menos que no le alcance, el Ministerio de Hacienda deberá buscar el financiamiento para honrar el pago de la compensación, sin embargo, no supo identificar de qué partida podrían salir los fondos.
“La idea es que esas plazas también sirvan como una fuente de financiamiento en un momento determinado, no obstante, el Ministerio de Hacienda va a gestionar los fondos necesarios para pagar la compensación. El Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de cumplir, deberemos buscar la fuente necesaria para financiar eso”, aseveró Salazar.
En el caso de personas que estén tramitando su pensión no tendrán limitante, también si el pensionado observa que dentro de su institución existe otro mecanismo de retiro voluntario que le beneficie más, puede acogerse a ese, pero no a los dos al mismo tiempo, solo a uno, reiteró Salazar.
La compensación se pagará en dos cuotas en un lapso de dos meses, pero el techo máximo será de $25,000, es decir, si alguien tiene un salario mensual de $1,000 y tiene 30 años laborados, no podrá acceder a $30,000, sino a $25,000, ya que el dictamen establece que se pagará el último salario devengando, uno por año laborado.
Los diputados esperan aprobar este dictamen este martes 16 de mayo en la plenaria, el cual entraría en vigencia 8 días después de que el Ejecutivo lo mande a publicar en el Diario Oficial.
Al respecto, Salazar explicó que, si se aprueba en mayo, los trabajadores tendrían de plazo hasta octubre o noviembre de este año para aplicar al beneficio.