El presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó más tiempo para la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador. La observación fue aprobada en la plenaria ordinaria de este martes mediante dispensa de trámites.
Con las propuestas se emitió que la próxima Dirección de Trámites de Construcción (DTC), adscrita a la Presidencia de la República, sea la encargada de ventilar los trámites para permisos y autorizaciones de los planes de desarrollo urbano y rurales, obras públicas en general, construcciones, restauraciones o cualquier intervenciones que involucren un bien cultural inmueble.
Las reformas se aprobaron inicialmente para que su entrada en vigencia fuera ocho días tras su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, en su propuesta de redacción, la Presidencia propuso que fuera tras 90 días de la misma.
“La DTC constituye -principalmente- una ventanilla única de mera tramitología y gestión, cuya competencia se ve circunscrita simplemente a la recepción de peticiones con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos, más no en lo relativo al pronunciamiento de fondo respecto de las autorizaciones allí solicitadas; razonamiento que es retomado por dicha entidad y por el Ministerio de Vivienda, en opiniones solicitadas por esta Presidencia de la República”, comenzó exponiendo el mandatario.
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Bukele además expuso que a la DTC se le confieren facultades que no se limitan a los trámites, sino que, su actividad administrativa o capacidad de intervención en los trámites de construcción se extiende a la valoración respecto del fondo de las solicitudes que se le presenten, en cada caso concreto.
Por lo anterior, “conlleva la necesidad de que la DTC realice una reestructuración interna y de organización, capacitación de personal, obtención de soporte técnico y financiero para realizar, de manera eficiente, las nuevas atribuciones otorgadas”, puntualizó Bukele.
Con la reforma se reemplaza al Ministerio en la autorización de dichas obras por la Dirección de Trámites de Construcción “o de la entidad que el Órgano Ejecutivo designe para tal efecto”. Agrega que dicha Dirección podrá emitir o adecuar las normativas que estime necesarias.
Asimismo, las reformas contemplaron que se podrá cancelar la inscripción de un bien cultural registrado cuando las circunstancias que determinaron su inscripción hayan cambiado sustancialmente, lo que deberá ser justificado por el ministerio de Cultura.
“La cancelación podrá ser resuelta de oficio o a petición de parte. La solicitud presentada por particulares deberá interponerse mediante los formularios que al efecto establezca el ministerio”, señala la reforma.
Dicha propuesta de reforma fue presentada por los diputados oficialistas Sharon Salazar, Claudia Toledo, Rubén Flores, Lorena Fuentes y Adolfo Rivas.