La legislatura 2024-2027 realizó este jueves su primera sesión plenaria extraordinaria en la que aprobó la prórroga al decreto del régimen de excepción, ya que el último decreto para mantener la suspensión de algunas garantías constitucionales termina su vigencia el 10 de mayo de 2024, día de asueto nacional. La vigencia será del 11 de mayo al 9 de junio de 2024.
El régimen de excepción se implementa desde el 27 de marzo de 2022, como una medida de reacción a un incremento en los homicidios atribuidos a las pandillas y se ha mantenido como una estrategia del gobierno en seguridad por más de dos años, pese a que su carácter, según la Constitución, es excepcional.
El decreto del régimen suspende las garantías del derecho a ser informado del motivo de la detención, a la defensa técnica, que detención administrativa de 72 horas hasta un máximo de 15 días y suspende la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia.
La prórroga se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Votó en contra Claudia Ortiz, de Vamos; y votaron en abstención los diputados de ARENA.
El diputado Francisco Lira, de ARENA, indicó que aunque el régimen de excepción ha generado un ambiente positivo de seguridad, no se puede negar que han ocurrido arbitrariedades.
"Dichas arbitrariedades también han afectado a persona humildes, amas de casa, trabajadores agrícolas, jóvenes, mujeres embarazadas que están pagando por un delito que no han cometido", expuso.
Agregó que se debe analizar una herramienta prolongada que sustituya al régimen de excepción.
"Que se promueva una cultura de respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso legal. Esta propuesta requiere de madurez política, de colaboración de todos nosotros y un compromiso real del gobierno para garantizar que esos derechos fundamentales de los ciudadanos puedan darle una solución. Y ojo, sin perder en ningún momento los resultados positivos contra el crimen",
Francisco Lira, diputado de ARENA
Denuncias en el régimen
El informe “El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos. El Salvador a dos años del régimen de excepción”, realizado por organizaciones sociales y de derechos humanos, señala que de marzo de 2022 a marzo de 2024 se recibieron 6,305 denuncias de posibles violaciones a derechos humanos.
La mayoría de las personas afectadas se ubica en el rango de los 19 a los 30 años, con 3,293 registros, equivalentes al 52.23 % de las denuncias; el segundo grupo más grande que es el de poblaciones de los 31 a 59 años, con 2,167 víctimas, equivalente al 34.37 % de las denuncias.
Los hechos más denunciados son las detenciones arbitrarias o ilegales (5,931 casos, 94 % de las víctimas); las violaciones al debido proceso (5,470 casos, 87 % de las víctimas), los allanamientos de morada (1,779 casos, 11 % de las víctimas), los tratos crueles, inhumanos o degradantes (814 casos, 5 % de las víctimas) y los hostigamientos (304 casos, 4.8 % de las víctimas).
El informe está suscrito por las organizaciones:
- Azul Originario
- Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE)
- Cristosal
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca)
- Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
- Servicio Social Pasionista (SSPAS)
Destaca que existe una instrumentalización del régimen de excepción para fines distintos a los expresamente establecidos que afectan el trabajo de las organizaciones.
“De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, al menos treinta y cuatro defensores de derechos humanos han sido detenidos a lo largo del régimen. Uno de los sectores más afectado ha sido el de las luchas ambientales, donde varios liderazgos o familiares de estos han sido objeto de persecución y captura”, señala el documento.
Además de detenciones de algunos sindicalistas, principalmente de municipalidades gobernadas por Nuevas Ideas que experimentaron algún conflicto por reivindicaciones laborales.
El régimen de excepción también fue parte de la narrativa oficial en su oferta electoral para los comicios de 2024.
“Durante su campaña, e incluso el día de las elecciones presidenciales y legislativas, el presidente (Nayib) Bukele, expresamente pedía el voto para sí y para su partido con el fin mantener el control del nombramiento de funcionarios claves como magistrados, jueces y fiscales, planteando una campaña de miedo con escenarios críticos como el de la liberación de los pandilleros capturados si había una correlación desfavorable para Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa”, indica el informe.
Y considera que el resultado electoral del 4 de febrero fue tomado como una ratificación a la medida por parte del electorado.
Convocatoria a sesión
De acuerdo al artículo 64 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) las sesiones extraordinarias se celebran por convocatoria de la Presidencia de la Asamblea, en fecha previa a la que se había convocado.
Agrega que “su finalidad es tratar uno o varios temas específicos, los cuales se darán a conocer en la convocatoria”. Hasta el momento no se ha hecho pública la agenda de esta reunión extraordinaria.
La convocatoria de la sesión fue publicada la tarde del miércoles por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro. “ATENCIÓN: Convocatoria a plenaria extraordinaria. Mañana seguiremos trabajando por la vida y el bienestar de los salvadoreños”, publicó Castro en la red social X (antes Twitter).
La sesión ordinaria se convocó para el 15 de mayo en espera que entren en vigencias las reformas aprobadas al RIAL en la sesión del 1 de mayo, con las que se redujo la cantidad de comisiones permanentes de trabajo de 20 a ocho y también se habilitó la posibilidad de celebrar sesiones de forma virtual en casos de emergencia.
La nueva legislatura conformada por 60 diputaciones tiene una super mayoría de Nuevas Ideas, con 54 de los escaños, y en la Junta Directiva cuenta con cuatro de los seis puestos. Los otros dos cargos directivos son ejercidos por diputados de los partidos aliados PCN y PDC.
En la última sesión plenaria de la legislatura que terminó el 30 de abril de 2024 se aprobó el acuerdo de reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República, el cual permitirá que una misma legislatura ratifique cambios en la Carta Magna con tres cuartas partes de los votos de diputados electos, es decir, 45 votos como mínimo. La nueva legislatura tendría que ratificar dicho acuerdo para que sea efectivo y aplique en este mismo periodo.