Los diputados de la Comisión de Justicia de la Asamblea emitieron este lunes 27 de junio un dictamen favorable para aprobar este martes 28 de junio la Ley Especial de Registro Único de Víctimas y Familiares de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado de la década de los 80’.
Con esta nueva normativa, los diputados dicen que buscan facilitar la tramitología para permitir el acceso de las víctimas sobrevivientes de estas masacres a las reparaciones dispuestas en la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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De acuerdo al proyecto de ley de 29 artículos, se darán procesos flexibles para establecer legalmente la identidad o comprobar parentescos de las víctimas del conflicto armado, especialmente de la masacre El Mozote.
“Ya existe una lista y nuestra intención no es excluir a las personas que sufrieron las atrocidades de la guerra, sino al contrario, es incluir a las que aún no tienen esta regulación de hechos y actos jurídicos”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, Samuel Martínez.
En el proyecto de ley se crea una nómina de notarios para el proceso de comprobación de parentescos. El propósito es la creación de los procedimientos de jurisdicción voluntaria de carácter especial, excepcional y ágil para establecer el estado familiar, filiación, nacimiento, unión no matrimonial o muerte de las víctimas de las masacres.
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El Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) será remitido al Ministerio de Gobernación y estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por delegados de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Registro Nacional de las Personas Naturales, asociaciones de víctimas y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.
Las atribuciones del RUV será la de organizar y dirigir el registro, evaluar y resolver las peticiones de la víctimas que soliciten su inclusión al registro, ordenar las modificaciones necesarias o la eliminación de duplicidad de asientos de partidas, las cuales serán inscritas en el Registro del Estado Familiar correspondiente y al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
En la Asamblea aún sigue pendiente de estudio una Ley de Justicia Transicional que cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016 que ordenó a la Asamblea diseñar una normativa que ofrezca garantías de verdad, dignificación, memoria, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Para cumplir con esos preceptos, los diputados de la bancada oficialista iniciaron el estudio en diciembre de 2021, ya que la anterior ley aprobada por la legislatura pasada en febrero de 2020, fue enviada al archivo tras el veto del presidente Nayib Bukele, por considerarla “inconstitucional”.
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