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Mitad de los 116 empleados que tendrá la Dirección Nacional de Compras Públicas ganarán más de $1,800 mensuales

Los diputados acordaron emitir acuerdo favorable para trasladar $7.2 millones de impuestos para el funcionamiento de la DINAC, oficina rectora de la recién aprobada Ley de Compras Públicas.

Por Eugenia Velásquez | May 15, 2023- 14:09

Casa Presidencial de El Salvador, en San Salvador. Foto ARCHIVO

Los diputados de la comisión de Hacienda de la Asamblea consensuaron este 15 de mayo otorgar $7.2 millones de recursos provenientes de impuestos a la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC). De este fondo, $2.8 millones servirán para pagar remuneraciones de los 116 empleados que tendrá dicha entidad.

Según el detalle contenido en el dictamen favorable, 56 de ellos devengarán un salario mensual arriba de $1,800 hasta $2,300 en adelante. El grueso es de 25 empleados que podrán ganar un salario de entre $1,800 a $1,899; otros 12 devengarán una remuneración de $2,000 a $2,099; y 19 de ellos, tendrán un salario de $2,300 en adelante.

De acuerdo a lo establecido en el dictamen, 16 tendrán un sueldo de $1,500 a $1,599; otras 23 personas están en el rango de entre $1,000 a $1,099. El sueldo más bajo será de 700 al mes.

Del total de 116 empleados, 74 son personal técnico; 29 es personal administrativo; 10 es personal Ejecutivo; y 3 trabajadores de servicio. Todos estarán bajo la modalidad de contrato.

Lea además: Claudia Ortiz: Diputados cyan dieron licencia para robar con nueva ley de compras

Además del pago de remuneraciones, el Director General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, expresó a los diputados que de los $7.2 millones también se ocuparán fondos para la adquisición de bienes y servicios y otros activos y gastos financieros.

Para estos rubros, de acuerdo al detalle establecido en el dictamen, se dice que para gastos corrientes se utilizarán $3.9 millones.

Además, del total de $7.2 millones se ocuparán $5.4 millones “para definir las políticas, reglamentos y lineamientos para el diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Compras Públicas” y $1.8 millones para “emitir, revisar y actualizar los instrumentos normativos y técnicos de las compras públicas, así como monitorear y dar seguimiento a las instituciones de la Administración Pública, en el cumplimiento de la normativa aplicable en dicha materia”.

Otros $324,654 son “para resolver los recursos de apelación contra los actos administrativos dictados en los procedimientos de contratación, extinción y sanciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas”.

Cuestionada Ley de Compras Públicas

En el dictamen se dice que la DINAC será una dependencia de la Presidencia de la República, por lo que los $7.2 millones serán asignados al Apartado “III Gastos en la parte correspondiente a la Presidencia de la República, literal B”.

La Ley de creación de la DINAC fue aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo No. 653 del 25 de enero del presente año, como una institución descentralizada, de carácter indefinido, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, presupuestaria, funcional y técnica, para el ejercicio de sus competencias y responsabilidades.

Según Salazar los fondos provienen de excedentes de la recaudación tributaria y el combate a la evasión fiscal. De aprobarse mañana en la plenaria y luego de ser publicada en el Diario Oficial, el fondo servirá para funcionamiento de la DINAC desde mayo hasta diciembre de 2023.

Esta entidad será la rectora de la recién aprobada Ley de Compras Públicas, que sustituyó a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la cual ha recibido muchos cuestionamientos de diputados de oposición y de economistas.

Las críticas es que se puede prestar a un mal manejo de los fondos públicos al suprimir los controles y requisitos de la LACAP que fue derogada.

Entre los cuestionamientos más relevantes es que no prohíbe con firmeza que funcionarios públicos sean ofertantes, que aumenta las exclusiones y da espacio a la opacidad, excluye de controles los proyectos estratégicos y no deja como obligación las compras a las Micro y Pequeñas Empresas.

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