Casi al finalizar la plenaria de este miércoles 22 de marzo, la Asamblea se dio por recibida de una petición del partido Nuevas Ideas para reformar de nuevo la Ley de Compras Públicas. Este mismo día, los oficialistas aprobaron una reforma a la misma ley para permitir que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), sean oferente de las compras públicas cuando ésta sea accionista de una sociedad, abriendo así la puerta para que funcionarios públicos puedan ser contratados por el Estado, siendo que la misma Ley de Compras Públicas no lo permite.
Según la nueva propuesta de reforma la citada normativa, leída por la diputada Alexia Rivas, ésta busca homologar la Ley de Compras Públicas con los términos de la Dirección Nacional de Compras Públicas. No detalló en qué términos, pero en la solicitud colgada en el sitio web de la Asamblea se detalla que la modificación es en el nombre del "Tribunal de Contratación Pública" por el de "Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas".
Argumenta que es necesaria la armonización de los términos contenidos en la Ley de Compras Públicas, a fin de homologarlos con el establecido en la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, a fin de garantizar que exista seguridad en los procedimientos que establecen ambas leyes y que lo anterior no genere un conflicto al momento de su aplicación.
Uno de los principales puntos de la Dirección Nacional de Compras Públicas es que sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (LACAP), cuyos controles, según han denunciado especialistas en la materia, eran una piedra en el zapato del actual gobierno y por eso se denunciaron múltiples movimientos en diferentes dependencias para hacer “compras directas” o emitiendo leyes paralelas.
La Asamblea también recibió 11 expedientes más, la mayoría con solicitudes de incorporación de fondos y traslados de dinero a distintas carteras de Estado por un monto total de $54.8 millones. Además de una petición de garantía soberana para que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) adquiera un préstamo por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar la operación denominada “Programa de Acceso al Crédito para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.
En cuanto a las peticiones de incorporación de fondos, según la lectura que hizo la diputada Rivas, se desglosan así: modificación del presupuesto 2023 en el Ramo de Salud para incorporar $18 millones provenientes de préstamos para el programa de respuesta ante el COVID-19; otra reforma al presupuesto 2023 para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por $600 mil para dos proyectos de inversión de ampliación en el Puerto de Acajutla y en la terminal aérea de Ilopango.
Más otra modificación al gasto de CEPA por $5 millones para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, en La Unión; otros $15 millones para el Ministerio de Obras Públicas para el Programa de Caminos Rurales; Tecoluca, en San Vicente, El Playón y rescate del anillo periférico la Montañona, Las vueltas, Chalatenango.
Otra enmienda al gasto de 2023 del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), por $5 millones de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para reforzar el presupuesto de los Juegos del Caribe a realizarse en junio próximo.
En el Ramo de Economía se destinan $400 mil para disponer de fondos para el "programa de corredores productivos 1, 3 y 4"; para el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) por $1.6 millones para que dicho Consejo disponga de asignaciones presupuestarias que faciliten su funcionamiento institucional.