En la propuesta de Ley “Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia”, se deroga la Ley de Salas Cuna que entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2022. Como la idea de la Asamblea oficialista es aprobar este 21 de junio la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo; las Salas Cuna no se aplicarían a partir de julio próximo, pese a que dicha normativa fue aprobada desde 2018, pero sufrió varias prórrogas.
En el documento presentado a los diputados por el Despacho de la Primera Dama, se establece que en vez de las Salas Cuna funcionarán los Centros de Atención de la Primera Infancia (CAPI), los cuales comenzarían a operar a partir del 1 de enero de 2023, pero el viceministro de Hacienda, Jerson Posada, solicitó este lunes en la Comisión de la Familia que se otorgue un año más para que los CAPI funcionen.
El argumento del funcionario del gobierno del presidente Nayib Bukele es el mismo que expusieron los diputados de la legislatura anterior: que las instituciones y empresas necesitan de tiempo para acondicionar los sitios que servirán de centros de atención a los hijos de los trabajadores.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, manifestó que ya no hay excusas para habilitar los espacios que la infancia necesita tener mientras sus padres o familiares laboran.
“La prórroga realmente no tiene mayor justificación y para mí eso es más que evidente, si antes era el tema de la pandemia por lo cual quedó suspendida la entrada en vigencia, eso ya no es una excusa que se sostiene”, argumentó Wright.
Señaló que en el entendido que estaban esperando una nueva legislación no era conveniente que la Ley de Salas Cuna comenzara a operar, pero que en realidad ahora la bancada oficialista estaría otorgando una nueva prórroga de facto, porque se deroga la ley de Salas Cuna y la propuesta de la nueva normativa plantea un plazo mayor para su aplicación.
“No ha quedado claro el por qué, eso no va alineado ni acorde al espíritu de la ley original y de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional”, recordó el diputado de oposición.
Por otra parte, Wright también se refirió a una serie de contradicciones que contiene el proyecto de Ley Crecer Juntos. Para el caso, en la ley se establece que la reclusión de niños y adolescentes será el último recurso a utilizar; sin embargo, en las reformas penales aprobadas por la Asamblea oficialista en el marco del régimen de excepción, autorizaron penalizar con cárcel de hasta 20 años a menores de 18 años que tengan vínculos con pandillas o que hayan participado en grupos criminales.
En el Art. 67 sobre la protección frente a la privación de libertad, internamiento e institucionalización arbitraria o ilegal, el proyecto de Ley Crecer Juntos establece que “cualquier medida de privación de libertad, internamiento o de acogimiento de niñas, niños o adolescentes, que sean tomadas por las autoridades competentes, será el último recurso, tendrán carácter excepcional y temporal, por lo que deberán estar debidamente fundamentadas y respetarán los plazos previstos por la ley”.
Sin embargo, el 31 de marzo la bancada oficialista aprobó a petición del gobierno de Bukele, reformas a la Ley Penal Juvenil para añadir pena de prisión en los casos que menores de edad cometan delitos bajo la estructura de pandillas.
Es así que quedó establecido en la normativa en mención un quinto inciso al Art. 15 para que los menores de edad que hubieren cumplido 16 años que cometieren delitos pagarán prisión de hasta 20 años y cuando hubieren cumplido los 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel.
El mismo gobierno que reformó la Ley Penal Juvenil que “criminaliza a los niños”, según las denuncias de expertos en derechos humanos, como Celia Medrano; y diputados de la oposición; ahora ese mismo gobierno dice en el proyecto de Ley Crecer Juntos, que la privación de libertad será el último recurso a considerar bajo una fuerte fundamentación legal.
“Han mandado una ley que hasta cierto punto es contradictoria, porque habla de derechos de la niñez, pero han aprobado reformas que criminalizan a la niñez”, argumentó la diputada Dina Argueta, del FMLN.
El diputado de ARENA, Francisco Lira, expresó que les genera dudas que en el proyecto de ley Crecer Juntos se establece que la Fiscalía estará dentro del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), por lo que propondrán en su momento las reformas a los artículos que consideren que son contradictorios.