Los diputados que integran la Comisión de Economía y Legislación de la Asamblea Legislativa emitieron este jueves dictamen favorable para prohibir que familias sean amenazadas con ser expulsadas de sus viviendas por tener mora en el pago a proveedoras de servicios inmobiliarios.
Se trata de una propuesta de enmienda a los artículos 18 y 99 de la Ley de Protección al Consumidor con el fin de ampliar el marco de protección en materia inmobiliaria.
Los legisladores se reunieron este 7 de julio para analizar tales modificaciones y convocaron al Presidente de la Defensa del Consumidor, Ricardo Salazar, quien mencionó que actualmente muchas lotificadoras o proveedores de servicios inmobiliarios "realizan amenazas sin seguir un debido proceso a consumidores que se ven con retrasos en sus pagos o se encuentran en situación de mora". Además, destacó que a veces lo hacen sin orden judicial y aplicando la violencia.
"Queremos que se considere práctica abusiva realizar amenazas o acciones de desalojo de vivienda. Existe un vacío en la ley actual, no tenemos una regulación que tutele esa situación en particular", dijo el funcionario a los diputados.
Protección a consumidores
Ante ese panorama, los parlamentarios analizaron y avalaron la propuesta que da mayor protección a los consumidores frente a esas prácticas.
“Hemos visto como lotificadoras han abusado de los salvadoreños. Esta es una buena iniciativa que busca proteger el patrimonio de las personas. ”, dijo el diputado oficialista, Samuel Rivas.
En ese mismo sentido opinaron los diputados de oposición que consideraron que en términos generales ven aspectos favorables para los consumidores. Por ejemplo, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, aclaró que esta legislación será aplicada únicamente a quienes de manera masiva y habitual se dedican a poder alquilar inmuebles y no a la relaciones de particulares, ya que esos se ventilan en los tribunales de inquilinato.
"Ambos artículos se refieren básicamente al derecho a la vivienda, es decir, a proteger a los inquilinos a no ser amenazados de expulsión o abandono del inmueble, mientras no se hayan agotado los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ya sean en la vía administrativa en la Defensoría o por la vía judicial ante un Tribunal de Inquilinato", señaló.
El diputado expresó consideró que es un avance "muy importante" en la legislación de protección al consumidor.
La diputada Anabel Belloso también destacó aspectos buenos en la propuesta. "Amplia la tutela y derechos de los consumidores del país. Es un tema especifico relacionado a las prohibiciones de desalojo, para el caso de inmobiliarias cuando hayan problemas de insolvencia o el no pago, para que se agoten todas las instancias", mencionó.
La legisladora expuso que con esta propuesta se estaría tipificando estas prohibiciones para darle las herramientas necesarias a la Defensoría del Consumidor y que pueda actuar.