En octubre próximo se cumplirá un año desde que representantes de las víctimas del conflicto armado presentaron en la Asamblea el proyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador”.
Esta normativa fue presentada por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la aprobación de la Ley Integral de las Víctimas del Conflicto armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica.
Diputados de la oposición comienzan a sospechar que los parlamentarios del oficialismo están “haciendo tiempo” para que el Ejecutivo les mande el documento “ya cocinado” solo para votarlo en el pleno de la Asamblea, como suele suceder con algunas iniciativas de ley que vienen desde Casa Presidencial.
La propuesta de las víctimas del conflicto armado fue presentada por las organizaciones el 7 de octubre de 2021 y recibida en la comisión de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo estudio el 18 de octubre de ese mismo año. La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, le dio iniciativa de ley.
Desde entonces, los diputados de la comisión de Justicia y Derechos Humanos se limitaron a trazar la ruta de entrevistas para recibir a algunos funcionarios del gobierno con el fin de conocer sus opiniones para elaborar por su cuenta una normativa que cumpla con los estándares que la Sala de lo Constitucional ordenó en 2016 que la Asamblea debía cumplir en una nueva ley.
Esto lo hizo al tiempo que derogó la Ley de Amnistía de 1993, alegando que perdonaba delitos imposibles de amnistiar, como los de lesa humanidad.
“Lamentamos que la pasada legislatura no dio muestras de querer acatar, tras la presión nacional e internacional no lo hicieron, únicamente entregaron unas disposiciones que implicaban una nueva forma de amnistía, similar a la de 1993, restableciendo la impunidad que se quería combatir”, subrayó el 11 de octubre de 2021 Rebeca Santos, presidenta de la Comisión de Justicia y diputada de Nuevas Ideas.
La última sesión de la comisión legislativa para abordar ese tema fue el 14 de febrero de 2022. En esa ocasión el actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, llevó a los diputados de la Comisión de Justicia otro proyecto de ley denominado: “Ley Especial de Justicia de Transición”.
Sin embargo, a la fecha, ni el anteproyecto de las víctimas ni el del Procurador han sido analizados, y menos se tiene un documento o borrador diseñado por el partido oficialista.
Perder el tiempo
Al respecto, la diputada Ortiz de VAMOS, lamentó que en la comisión los han hecho perder el tiempo en otros temas y no han hecho espacio para continuar con el estudio del proyecto de ley presentado por las víctimas del conflicto armado.
La parlamentaria tiene su propia lectura sobre lo que podría estar ocurriendo. “No sé si están haciendo tiempo, esperando que les elaboren (en el Ejecutivo) un proyecto de ley cuando ya hay un proyecto que presentaron las víctimas hace casi un año. (…) El procurador propuso otro proyecto de ley, no sé si alguien le dará iniciativa (de ley) a eso”.
Ortiz añadió que espera que no se pierda más tiempo, las víctimas están esperando con urgencia”.
Asamblea reformó indultos
Un día después de que la Asamblea prohibiera el perdón para personas condenadas por delitos de corrupción, violaciones a derechos humanos y a pandilleros, miembros de las organizaciones defensoras de las víctimas del conflicto armado se abocaron al Congreso a recordarle a los diputados que no han cumplido con aprobar la ley que busca resarcir el daño sufrido en la guerra.
Los representantes volvieron a llevar una carta a la Asamblea, después de entregar una el pasado 20 de julio, pero no fue recibida en la comisión de Justicia, porque su presidenta, la diputada Santos, alegó que no iba dirigida a su nombre.
Pero esta vez la misiva sí iba directamente a la parlamentaria, recordando la obligación que tienen de crear una Ley de Justicia Transicional y darle seguimiento a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional tras la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993.
“Exigimos a los diputados que estudien, que analicen esta ley, porque es una obligación que les impone el Reglamento, y aparte de eso están las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y las resoluciones de seguimiento que le dice a la Asamblea que deben crear una ley de Justicia Transicional, pero la ley ya está hecha, la ley ya fue trabajada por las víctimas, por asambleas generales, llegando a territorios, trabajando con las víctimas, haciendo consultas, incluso, las víctimas dijeron qué artículos no quieren que se dejen en la ley”, expresó Irene Gómez, de Cristosal y parte de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador.
El diputado de ARENA, Ricardo Godoy, quien forma parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, coincidió con su colega Ortiz, de VAMOS, en decir que los diputados del oficialismo han olvidado avanzar en el estudio de la ley.
“Ese estudio está estancado desde casi inicios del año. El estudio que se empezó a realizar se basó prácticamente en la recepción de algunos invitados y que además, casi solo fueron funcionarios del gobierno en su mayoría o del Ministerio Público, por parte de la población y organizaciones de desaparecidos un par. Sin embargo, la presidenta de la Comisión por decisión propia lo dejó tirado”, lamentó Godoy.
Para el parlamentario de ARENA es cuestionable que las leyes y decretos que se aprueban en la Asamblea son solo los que permite el “régimen” y al “antojo” de la Presidencia de la República.