La organización Cristosal presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la "Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales" debido a que adopta un régimen de contratación distinto a la regla constitucional que establece que la licitación pública y con ello se abre la puerta a que se cometan actos de corrupción.
"En esta normativa, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) se convierte en letra muerta ya que se adopta un sistema de contratación en donde la administración pública va atener la capacidad legal para definir a dedo a quienes le adjudican contratos y adquisiciones cuando la Constitución en su artículo 234 exige que se realice un trámite de licitación pública", dijo Jonatan Sisco, abogado del departamento anticorrupción de Cristosal.
Esta normativa fue aprobada por la Asamblea en noviembre del 2021 y según el oficialismo, busca agilizar los procesos de adjudicación de proyectos municipales que realizará la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para construir obras o adquirir bienes y servicios, así como consultorías.
Sin embargo, El jefe de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Abrego señaló que realmente "esta ley lo que hace es anular el acceso a los ciudadanos de cómo se gastan los fondos públicos".
Además explicó que esta normativa "prácticamente está matando la Lacap" la cual establece el mecanimo que garantiza la competencia, la transparencia y el control.
"El problema de esto es que en la medida que se eliminan las garantías, los controles y el acceso a la información se la da cabida al germen que posibilita actos de corrupción", manifestó.
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Añadió: "Al no controlar los gastos públicos que los funcionarios hacen estamos casi permitiendo y flexibilizando que se puedan dar cosas de corrupción".
Por su parte, Jonatan Sisco recordó que hay dos precedentes jurisprudenciales que ya han establecido que "toda ley infraconstitucional debe respetar el sistema de contratación establecido por el constituyente".
Seguido de eso destacó que el constituyente optó por la licitación para que los recursos sena utilizados de forma eficiente para que la infraestructura publica del país responda a las necesidades del pueblo.
En la demanda se señala que con esta ley se está violando manera refleja la Carta Magna, ya que la Convención de las Naciones Unidas en Contra la Corrupción le ordena al Estado adoptar mecanismo de licitación pública que respondan a criterios objetivos previamente establecidos por ley.
"Por lo tanto, la ley viola el artículo 144 inciso 2° de la Constitución ya que se está creando un sistema de licitación privado, pero con fondos públicos".
De hecho, la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales da poder al director y subdirector para decidir los resultados de los procesos de adquisición. En ese sentido Sisco señaló que el "titular de la DOM va ser la persona que decida a quienes va a invitar a las licitaciones y si invita solo a tres estas va ser legales, si una persona acude será legal cuando la Constitución dice que la convocatoria debe ser pública".
La organización también señala que el artículo 109 de la ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales faculta a dependencias de la DOM para establecer los plazos y estipulaciones de contratos de concesión de obras o servicio público, lo cual contraviene los artículos 103, 120 131 y 233 de la Constitución que establece las situaciones para que sea la Asamblea Legislativa quien de la aprobación.
Cristosal señala que esta es la primera de varias demandas a interponer, ya que han evaluado alrededor de ocho normativas aprobadas por el oficialismo que tiene las mismas características: "flexibilizan los trámites de compra".