Hay otros apartados en los que la redacción denota una contradicción entre lo aprobado recientemente mediante reformas penales y lo que dice la nueva ley de protección a la niñez.
Por ejemplo, en el Art. 67 sobre la protección frente a la privación de libertad, internamiento e institucionalización arbitraria o ilegal.
“Cualquier medida de privación de libertad, internamiento o de acogimiento de niñas, niños o adolescentes, que sean tomadas por las autoridades competentes, será el último recurso, tendrán carácter excepcional y temporal, por lo que deberán estar debidamente fundamentadas y respetarán los plazos previstos por la ley”, reza el Art. 67.
VER: Ley Crecer Juntos sustituirá la Lepina y Ley de Salas Cuna
Sin embargo, el 31 de marzo la bancada oficialista aprobó a petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, reformas a la Ley Penal Juvenil para añadir pena de prisión en los casos que menores de edad cometan delitos bajo la estructura de pandillas.
Es así que quedó establecido en la normativa en mención un quinto inciso al Art. 15 para que los menores de edad que hubieren cumplido 16 años que cometieren delitos pagarán prisión de hasta 20 años y cuando hubieren cumplido los 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel.
“Tenemos una ley penal juvenil que regula el comportamiento delictivo de niños entre 12 y 18 años y, actualmente, no tiene dentro de sus medidas la prisión. Cuenta nada más con orientación y apoyo familiar, libertad asistida, internamiento, entre otros. Con esta reforma estamos enviando un mensaje a los niños de 12 a 18, para que tomen decisiones consecuentes”, afirmó en ese entonces la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
El mismo gobierno que reformó la Ley Pena Juvenil que “criminaliza a los niños”, según las denuncias de expertos en derechos humanos, como Celia Medrano; y diputados de la oposición; ahora ese mismo gobierno dice en el proyecto de Ley Crecer Juntos, que la privación de libertad será el último recurso a considerar bajo una fuerte fundamentación legal. “Han mandado una ley que hasta cierto punto es contradictoria, porque habla de derechos de la niñez, pero han aprobado reformas que criminalizan a la niñez”, argumentó la diputada Dina Argueta, del FMLN.