La Asamblea Legislativa se negó a entregar los listados de asesores o empleados contratados por los partidos políticos tanto en el período de la legislatura anterior como de la actual, bajo el argumento de que se trata de información “confidencial”.
La organización de transparencia Alac solicitó a la Asamblea datos sobre nombres, cargos, sueldos y tipo de contrato de todos los empleados contratados por las bancadas con fondos públicos, tanto de la legislatura 2018-2021 como la 2021-2024, pero su solicitud fue rechazada, informó el organismo en su cuenta de Twitter.
“La Asamblea denegó entregar información sobre las contrataciones de cada grupo parlamentario en el periodo 2018-2021 y 2021-2024 bajo el argumento de que es información "confidencial". La información es oficiosa según el art. 10 numerales 3, 5, 7 de la LAIP”, dijo Alac.
La institución de transparencia se ampara en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los incisos 3,5 y 7 que establecen que esa información es oficiosa, es decir que la instituciones del Estado deben publicarla incluso sin que nadie la pida, pues los ciudadanos pueden ver en qué se gastan los impuestos que pagan.
Esos incisos dicen literalmente que es información oficiosa, es decir pública, la siguiente:
3. El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos institucionales.
5. Los procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de Ley de Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio.
7. La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y
Es decir justo lo que Alac está solicitando.
La Unidad de Acceso a la Información de la Asamblea afirmó en su respuesta a Alac que: “La información de nombres, período contratado, forma de contratación, salarios de los empleados que la interesada solicita constituyen datos personales y en su caso información sensible, en consecuencia, es información confidencial, cuya divulgación puede constituir una invasión a la privacidad y una vulneración al derecho fundamental de la intimidad personal de cada uno de los titulares”.
Para fundamentar su respuesta, la oficina legislativa se ampara en jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en una sentencia de amparo de marzo de 2004, que dice: “Que la divulgación de datos personales de los funcionarios debe realizarse únicamente a la información que estrictamente guarde relación con el desarrollo de su función”…
Wilson Sandoval, coordinador de Alac, rechazó que la información solicitada sea confidencial, pues solo están pidiendo datos sobre la vinculación de los empleados con la función pública.
"No estamos pidiendo información confidencial, sino de carácter laboral de los asesores que hoy forman parte de las diferentes fracciones legislativas", argumentó Sandoval.
El oficial de información pública de la Asamblea también alude a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública que se ampara en ese mismo fallo para sustentar su negativa a dar este tipo de información.
El coordinador de Alac criticó la falta de transparencia de la Asamblea: "Es un claro retroceso porque es información que en legislaturas anteriores era pública. Es información que en un momento permitió verificar casos de corrupción de legislaturas anteriores como nepotismo, contratación de familiares de diputados, de asesores con salarios exorbitantes o que no estaban en el país y seguían recibiendo salarios", dijo Wilson Sandoval.
Esta negativa a dar esta información ocurre en momentos que los diputados de oposición han criticado a la Junta Directiva de la Asamblea por no transparentar los gastos de funcionamiento de la Asamblea al no debatir ni entregar datos de los fondos que maneja en el Presupuesto anual, que está por aprobarse y se mantendrá en alrededor de $57 millones.