En la sesión plenaria de este martes Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron una nueva reforma a la Ley de Presupuesto 2023, por un monto de $108 millones de refuerzo presupuestario al Ministerio de Hacienda para cumplir con obligaciones generales del Estado, que se obtuvo de reducir las asignaciones a más de una veintena de instituciones.
La principal reducción se hizo al Ministerio de Educación por $60.4 millones, luego al Ministerio de Justicia y Seguridad, por más de $14 millones; al Ministerio de Salud se le disminuyeron $7.4 millones de su presupuesto; al Ministerio de Desarrollo Local $10.9 millones.
También se disminuyeron $3.1 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, $2 millones a Turismo, $1.9 millones a Cultura, $1.6 millones a Gobernación, $1.2 millones a Trabajo, $1.1 millones a la Presidencia de la República, $1 millón a la Procuraduría General de la República (PGR), $952,955 a Vivienda, $645,285 a la Defensa, $501,665 a la Fiscalía General de la República (FGR), $357,050 a Medio Ambiente y Recursos Naturales y $420,000 menos a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Otras instituciones que tienen recortes son: INDES $413,000, ISDEMU $766,485, ANSP $300,000, UES $1 millón, CONAPINA $7.5 millones y CORSATUR $1 millón.
La modificación de la agenda de la sesión la pidió el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas ideas, para que la pieza de correspondencia con la iniciativa del Presidente de la República de reformar el Presupuesto vigente pasara por dispensa de trámites, es decir, se aprobara de forma exprés y sin discutirse en la comisión respectiva.
Discusión por reducciones
“No significa un incremento al presupuesto como tal, ni un contrato de deuda, simplemente es una reasignación de cara al cierre del año y cumplir las obligaciones de la labor que están haciendo el gobierno en estos momentos”, dijo Guevara.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, criticó que la reforma se aprobara con el mecanismo de dispensa de trámites y enfatizó que el mayor recorte se realiza al Ministerio de Educación, que también se recorta al Ministerio de Salud y el decreto no detalla en qué obligaciones usará los fondos el Ministerio de Hacienda.
“Es una grave injusticia social quitar fondos para cosas que son prioritarias e importantes y estos fondos van a ir para algo que no sabemos en qué se va a ocupar. Lo dejo en sus conciencias colegas diputados”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Anabel Belloso, del FMLN, señaló que la bancada oficialista no explica para qué se usarán esos $108 millones. “Es un reflejo más de incapacidad de su gobierno, desde la autoridad hacendaria, de tener un verdadero plan en materia de finanzas públicas”, expresó.
Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, calificó la reforma como “una operación fiscal” y que el Ministerio de Hacienda “va a halar todos esos fondos de todos estos ministerios e instituciones del Estado, lo va a regresar al fondo general y lo va a redistribuir en deuda”.
César Reyes, de ARENA, valoró que la Asamblea es “un mero pasa papeles” del gobierno.
Reformas anteriores
Con esta reforma a la Ley de Presupuesto sumarían 51 las modificaciones avaladas por la fracción oficialista, a petición del Ejecutivo. Las más recientes reformas se aprobaron el 4 de octubre pasado para incorporar $2.9 millones a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), provenientes del disuelto Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), para los Programas de Obras Municipales para Infraestructura Vial y de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a Nivel Nacional.
Y ese día también se avaló la incorporación de más de $1.7 millones para el inicio de funcionamiento de la Comisión Nacional de Activos Digitales en el periodo de septiembre a diciembre de 2023. De esa cantidad, $1.5 millones se registraron de “excedentes” en la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) del mes de agosto y el resto sería de “recursos propios” de la Comisión.
Hasta inicios de septiembre, se contabilizaron 48 reformas que implicaron transferencia de recursos entre carteras de Estado, incorporación de préstamos, de excedentes tributarios, donaciones y fondos propios de autónomas.
Al menos 16 ajustes tuvieron que ver con transferencia de “asignaciones disponibles” del ramo de Hacienda hacia otras instituciones, por un monto superior a los $208.1 millones.
De esas disponibilidades de recursos de Hacienda se transfirieron $25.5 millones para el bono alimenticio de personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y $25 millones de refuerzo para alimentación de privados de libertad.