Si bien los diputados del oficialismo han aprobado varias leyes durante los dos años de su legislatura, desde el 1 de mayo de 2021, la mayoría han sido por iniciativa del Ejecutivo y algunas de las pocas que Nuevas Ideas coló en las comisiones de trabajo legislativas, terminaron siendo observadas por el presidente Nayib Bukele.
Mientras que los partidos de oposición ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y VAMOS no lograron que la actual Asamblea tomara en cuenta sus propuestas, ni los partidos aliados del oficialismo GANA, PCN y PDC, pudieron hacerlo; sin embargo, varias ideas que promovieron los opositores terminaron siendo diseñadas como propuestas de Nuevas Ideas, entre ellas, la exoneración de impuestos en la gasolina para aliviar el bolsillo de los salvadoreños de la crisis económica mundial.
Pese a la publicidad que la bancada oficialista hace, de que son la Asamblea que más ha producido decenas de dictámenes favorables, éstos en su mayoría fueron para subir la deuda del país, a razón de más de $10,000 millones durante los primeros dos años de sus funciones.
Los diputados de la oposición han sido críticos en estos dos años de legislatura, aducen que el trabajo legislativo ha sido de mero trámite, operando como una dependencia de Casa Presidencial, aprobando leyes sin discusión previa, abusando de las dispensas de trámite y sin reparos a lo que llega del Ejecutivo.
Pero, además, la bancada de Nuevas Ideas culmina este día dos años de legislatura con grandes deudas en formular leyes que protejan los datos personales de los ciudadanos, que dé resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, que brinde seguridad jurídica y laboral a los trabajadores de la seguridad privada, que regule el tránsito vehicular, que protejan los derechos a la identidad de la población LGTBIQ+, que regule el uso de los plásticos y no le ha cumplido con una pensión digna a los veteranos de guerra.
Además de descabezar al Poder Judicial y la Fiscalía para someterlos al Ejecutivo, uno de los primeros actos que realizó la actual Asamblea fue enviar al archivo las propuestas en estudio sobre las temáticas planteadas; por ejemplo, el 9 de junio de 2021 la comisión de Defensa mandó al cajón del olvido el proyecto de “Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.
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Vetos a leyes
La normativa para los veteranos fue observada por el presidente Nayib Bukele, y aunque posteriormente han aprobado otros mecanismos similares, éstos aún no cumplen las expectativas del sector, quienes han pedido a los gobiernos anteriores y al actual, que se equipare su pensión a $300 mensuales.
La Ley de Protección de Datos Personales fue vetada por el mandatario aduciendo razones de “inconstitucionalidad” y remitida al archivo por la Asamblea. Fue uno de los primeros actos de la nueva legislatura. Hasta el día de hoy, esa ley que buscaba limitar la invasión a la intimidad personal de los salvadoreños y protegerlos, no fue retomada por el oficialismo.
Lejos de ello, han avalado iniciativas venidas desde Capres cuyo propósito es tener acceso a la información personal de los ciudadanos. De hecho, desde hace más de un año, uno de los derechos consagradas en la Constitución, el de la inviolabilidad a las telecomunicaciones y a la correspondencia sin la orden de un juez, están suspendidos por la implementación del régimen de Excepción.
Legalización del “espionaje”
Lo que hicieron fue al revés, reformaron la Ley de Escuchas Telefónicas para darle más poder al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), argumentando que esto facilitaría la persecución del delito y de los grupos criminales.
Crearon la figura de “los jueces de garantía” con amplias facultades para ordenar el espionaje inmediato de quienes el gobierno considere que pertenecen a grupos delictivos, contraviniendo lo que dicta la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual se aplica a derechos de intimidad, al debido proceso y garantías judiciales, denunció en su momento, el abogado Jonathan Sisco, de Cristosal.
Los oficialistas han aprobado leyes para invadir la intimidad de los ciudadanos, pero han puesto candados a la información pública de los gastos del Estado, mediante reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y declaratorias de reserva de información.
Otras iniciativas relacionadas a la tecnología que ya estaban desde antes de 2021, también fueron vetadas por Bukele por “inconstitucionales”, entre éstas la “Ley de Creación de la Autoridad Nacional Digital” y la “Ley de Fomento de la Economía Creativa”.
Posteriormente, los diputados han creado leyes similares, pero adecuándolas a la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal desde septiembre de 2021. En ese sentido, en noviembre de 2022, la Asamblea aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales.
En dos años de legislatura diputados avalaron más de $10,000 millones en deuda
Sin ley de Justicia Transicional
Atrás se quedaron también las promesas del oficialismo de resarcir el daño a las familias de las víctimas del conflicto armado. En los primeros meses de haber tomado las riendas de la Asamblea, los diputados de Bukele aseguraron que una de sus prioridades era aprobar la Ley de Justicia Transicional.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibió varias propuestas de organizaciones de defensa de derechos humanos, incluida una del exprocurador Apolonio Tobar, pero a la fecha de esa ley no hubo más que humo. La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, lo ha señalado como una de las grandes deudas del oficialismo.
Viajes, carros y beneficios
Nuevas Ideas prometió en su campaña electoral que no serían igual que sus antecesores, que dejarían de percibir ingresos adicionales para viajes, gastos de vehículos, gasolina, telefonía, bonos y otros beneficios que tienen los diputados, sin embargo, nada de eso ha ocurrido. El monto de los salarios siguen siendo igual al que devengaban los diputados que antes cuestionaban.