El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, y el economista Rafael Lemus cuestionaron que en el proyecto de ley de Compras Públicas presentado por Hacienda a la Asamblea y acordado favorable para su aprobación en la plenaria de este miércoles, se le permitiera a un funcionario público hacer negocios con el Estado. Algo que está vedado en cualquier legislación de América Latina, explicó Portillo Cuadra en la entrevista de TCS.
“Se le permite a un funcionario hacer compras siempre y cuando no tenga que ver con su área de trabajo o función, el funcionario público está vedado de realizar compras al Estado, de hacer negocios con el Estado, porque eventualmente puede prevalecerse del cargo para sacar una ventaja, eso está en todas las legislaciones de América Latina”, criticó Portillo Cuadra.
Sin embargo, entre las modificaciones que fueron realizadas este 24 de enero en la comisión de Economía, se cambió la estructura de ese apartado, eliminando esa facultad que contenía el proyecto de ley, sin embargo, falta que el dictamen baje al pleno tal cual fue acordado ayer.
Este martes, los diputados de la comisión de economía recibieron al director de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), Mauro Jovel, para que justificara tal propuesta. El funcionario defendió tal iniciativa y dijo que esta conlleva principios de transparencia, libre competencia y vigencia tecnológica. Sin embrago, analistas han alertado que esta se encamina a la opacidad.
Cambios sin consultar a expertos
Tras despedir a los invitados, los legisladores del oficialismo procedieron a informar de algunas modificaciones a la propuesta. “Nosotros como bancada de Nuevas Ideas traemos unas propuestas de cambios porque hemos encontrado bajo nuestro criterio algunas cosas que podrían cambiar para mejorar”, expresó el diputado oficialista, Rodrigo Ayala.
Una de las modificaciones fue incluir las compras de la Dirección de Obras Municipales (DOM) dentro de las que no tendrán que aplicar dicha ley. Al respecto, la legisladora del FMLN, Anabel Belloso, manifestó en declaraciones a este medio que el oficialismo incorporó elementos que “dejan demasiada discrecionalidad en el tema de las compras directas”.
“Agrega más exclusiones de no aplicar la ley y hace recordar el antecedente que ya tiene este gobierno del uso abusivo de figuras como la emergencia y la urgencia para hacer compras públicas que han estado marcadas por corrupción, contratos a funcionarios y a sus familiares”, sostuvo.
Añadió: “Con esta reforma dejan ya la posibilidad, porque incorporan proyectos estratégicos, que va a ser definición del Consejo de Ministros y eso creo es de los elementos más complicados”.
Por otra parte, ella indicó que hay un retroceso al “no dejar con obligación la compra a las PYMES”. La redacción de la ley dice que compras “podrán” ser de un 25%. La LACAP regula que compras de PYMES “deberán” ser de 25%.
Da pie a la “corrupción” del Estado
Desde que la iniciativa fue llevada a la Asamblea Legislativa, los diputados de la oposición han advertido que esta nueva normativa que vendría a sustituir a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), da pie a la “corrupción” del Estado.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, considera que la falta de transparencia y la reserva de la información pública por parte de las instituciones del gobierno, le añaden un componente de riesgo a la nueva ley que el gobierno pretende aprobar en la plenaria prevista para hoy miércoles 25 de enero.
“Hay que ver el detalle como en proyectos estratégicos, donde pueden haber intereses importantes de poder económico que estén coludidos con el poder político, que exista la llave para el abuso de fondos públicos y los riesgos de gran corrupción, allí es algo que hay que poner atención”, considero Ortiz.
Por su parte, el economista Lemus explicó en su cuenta de Twitter que en la Ley de Compras Públicas incrementa las exclusiones en relación con la LACAP, dejando al arbitrio convenios entre instituciones públicas y privadas; proyectos estratégicos definidos por el Consejo de Ministros y otros procesos que pueden derivar en corrupción.