Bastará con que el gobierno califique como “estratégicos” todos los proyectos públicos para darlos por contratación directa, es decir, sin ningún concurso ni control del gasto, advirtió Wilson Sandoval, miembro del Capítulo de Transparencia Internacional de El Salvador, de la cual es parte la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Esta es una de las principales falencias que tiene la nueva Ley de Compras Públicas aprobada por la Asamblea oficialista la semana anterior en sustitución de la antigua Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que era una piedra en el zapato del bukelismo, según han denunciado organizaciones anticorrupción.
La nueva normativa, que fue avalada por los diputados del presidente Nayib Bukele casi de forma exprés y sin mayor estudio, contiene una disposición que dice que los proyectos declarados “estratégicos” por el Consejo de Ministros estarán exentos de la aplicación de la ley.
LEA ADEMÁS: Asamblea Legislativa aprueba cuestionada ley de compras públicas que elimina la LACAP
Paralelamente, los parlamentarios de Nuevas Ideas aprobaron el mismo día otra ley para crear la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que será la rectora de todas las contrataciones que realicen las instituciones del gobierno con fondos públicos. Los cargos de dirección de la nueva entidad serán nombrados por el presidente Bukele.
Diputados de la oposición, abogados y expertos en transparencia, como Wilson Sandoval, critican que el gobierno ha construido una estructura con una dirección unilateral, con vacíos y ambigüedades que se prestan a que los proyectos considerados “estratégicos”, que consumen más fondos del Estado no sean regulados y que los funcionarios públicos puedan ofertar al Estado, cuando la ley LACAP no lo permitía.
Para la población en general, este tema pudiera no ser de su interés, pero Sandoval advierte que lo aprobado en la ley de Compras Públicas afecta desde la construcción de un puente en el más remoto municipio para conectar a una escuela, hasta la edificación de hospitales y obras de gran envergadura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, que están siendo proyectados actualmente por el Ejecutivo.
“El Estado recoge dinero de nuestros impuestos, del IVA, de la Renta, pero debe justificarlos. Ese dinero que recauda lo utiliza para hacer todas esas infraestructuras, para eso debe tener reglas y están en la ley, pero cuando son reglas muy flojas, se corre el riesgo que cada centavo no se use de la mejor forma para beneficiar a la población, porque puede dar paso a la corrupción y esto tiene un impacto negativo en la calidad de vida de la gente”, expresó Sandoval.
Hay otros factores que deja muchos flancos abiertos para la “corrupción”, por ejemplo, la poca transparencia con la que el gobierno maneja la información de sus gastos, imponiendo reserva o secreto hasta por siete años a los datos que, según la Ley de Acceso a la Información, deberían ser públicos.
Fiscalía y CCR “sumisas”
Al respecto, el diputado suplente de ARENA, César Reyes, manifestó ayer en la entrevista Frente a Frente de TCS, que la evidencia muestra que al gobierno no le gusta rendir cuentas del uso de los recursos del Estado, pues ha vedado información en casi todas las instituciones del gobierno, incluida la Asamblea Legislativa, al punto que no se conocen los viajes que han realizado diputados oficialistas para hacer “campaña” a favor de Bukele en Estados Unidos, ni la cantidad de empleados que han sido contratados por el partido del gobierno.
“¿Acaso tienen que esperar los salvadoreños siete años para saber cómo se están usando sus fondos públicos?”, cuestionó.
Reyes expresó que la nueva Ley de Compras Públicas es un “traje a la medida” del gobierno para saltarse la fiscalización y la rendición de cuentas, ya que las instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General están “sumisas al gobierno”. Por ello, la considera una “ley sin dientes”.
Mediana empresa fuera de la ley
Sandoval apunta que en la Ley también se han dejado por fuera a las pequeñas y medianas empresas de los contratos públicos, privilegiando así a las grandes compañías.
Esto también fue advertido por la diputada Anabel Belloso, del partido de izquierda FMLN, durante la discusión del dictamen de la ley previo a su aprobación en el pleno el pasado 25 de enero.
La parlamentaria explicó que en la LACAP vigente se establece la obligación de que el 25% de las adjudicaciones de las obras o servicios públicos deberán orientarse a los pequeños comerciantes, con el fin de dinamizar la economía, pero en la nueva ley de Compras Públicas se cambió el término a “podrán”, dejando al arbitrio del funcionario de turno el otorgar contratos de trabajo a la pequeña empresa.
“La LACAP establecía que un 25% de las compras que se hacían en el marco de esta ley iban orientadas a las PYMES (Pequeña y mediana empresa), pero con esta ley se ‘procurará’ que se alcance a tener una parte del pastel dirigida a las PYMES, ellas requieren de mayor dinamismo y trabajo”, explicó Sandoval.
¿Qué se puede mejorar?
Según el experto en transparencia, si existiera “voluntad política”, los vacíos que tiene la ley podrían ser mejorados en el diseño del Reglamento, el cual aún no está listo. A su criterio, son tres aspectos los que deberían ser revaluados. El primero es que se cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, para ejercer la contraloría social; que se aplique de manera amplia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual El Salvador es parte. Dice que este instrumento promueve la adjudicación pública por encima de la contratación directa; y como el tercer elemento es no “abusar de (la declaratoria oficial) los proyectos estratégicos”.
“La LACAP establece que la contratación directa debería tener criterios de competencia, pero esta ley tiene ambigüedades que pueden dar paso a casos de corrupción”, expresó la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS.