La Asamblea Legislativa aprobó este martes prorrogar por 30 días más la vigencia del régimen de excepción, con el cual se realizaron más de 80,500 detenciones y al menos 7,000 liberaciones de personas inocentes.
La última prórroga fue para el periodo del 10 de junio al 9 de julio de 2024, es decir, que finalizaba este mismo martes. El periodo del nuevo decreto es del 10 de julio al 8 de agosto de 2024.
La aplicación del régimen de excepción deriva, según el gobierno central, de las perturbaciones ocasionadas por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña.
Con la vigencia del régimen quedan suspendidos los derechos regulados en el artículo 12 referente a que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos, de las razones de su detención y el derecho de defensa.
También, la ciudadanía tiene suspendida la garantía constitucional del artículo 13 sobre que la detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente.
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Con el régimen de excepción queda sin efecto la restricción contemplada en el artículo 24 de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia.
El estado de excepción es respaldado por el oficialismo como una "estrategia" de combate a las pandillas. "Ha sido una estrategia de seguridad fabricada 100 % en El Salvador y esto es sumamente positivo", expresó la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas.
El diputado Jonathan Hernández, también de Nuevas Ideas, señaló que el régimen es una "herramienta" del Plan Control Territorial que ejecuta el gobierno. "Ahora ya podemos pensar en mejorar la economía de nuestro país y no solo de nuestro país, sino de las familias salvadoreñas, ahora ya podemos pensar en atraer turismo", afirmó el legislador.
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Organizaciones registran muertes y torturas
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Recientemente, el Servicio Social Pasionista denunció en un conversatorio de Paraguay que las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas acumulan más de 6,300 denuncias de víctimas a violaciones a derechos humanos solo ocurridas en el marco del régimen de excepción y más de 260 personas muertas.
Además, Socorro Jurídico Humanitario detalló en junio que 60 personas murieron bajo custodia del Estado desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 16 de mayo de este 2024.
La organización defensora de derechos humanos denunció que en el 40 % de las muertes que registran hay indicios de violencia o tortura, en un 31 % hubo negligencia por falta de atención médica, en el 23 % la causa del deceso es desconocido y un 6% corresponde a personas con enfermedades terminales.
Otras organizaciones como Amnistía Internacional señalan que la continuación del régimen de excepción revela la falta de compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, el integrante del Comité Jurídico Internacional y de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, dijo recientemente que estas medidas de mano dura aplicadas en El Salvador ya han ocurrido en la región y en todas ocurrieron con consecuencias “nefastas”.
“Se debe desarrollar políticas integrales de prevención del delito, que ataquen sus causas. Las políticas deben basarse en consensos y consulta de la sociedad civil”, considera el experto regional.
Aún así, cada prórroga del régimen se ha aprobado por dispensa de trámite, de forma exprés, a petición de Nuevas Ideas.
Por otra parte, el oficialismo se ocupa de formular el discurso señalando que aprobar la vigencia del régimen de excepción es para la seguridad para las familias salvadoreñas y desacreditan a quienes exigen políticas públicas claras en el tema de seguridad.