En la plenaria de este miércoles 26 de octubre estaba previsto que fueran discutidas y aprobadas las reformas a la Ley de Escuchas Telefónicas, de Telecomunicaciones y del Crimen Organizado.
La primera de las iniciativas que busca dotar al Fiscal General de más poderes para intervenir las telecomunicaciones, no fue introducida en la agenda de hoy (26 de octubre 2022).
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Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Wednesday, October 26, 2022
Los tres dictámenes favorables fueron emitidos el 20 de octubre en la Comisión de Seguridad el mismo día que recibieron los aportes del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y del fiscal general, Rodolfo Delgado.
De las enmiendas más relevantes a la Ley de Escuchas Telefónicas se consigna en el Art. 7 en el que se establece que el fiscal será el funcionario autorizado para solicitar las escuchas telefónicas.
En este apartado se modificó para que también el director del centro de intervenciones telefónicas sea parte de las autoridades facultadas para solicitar al juez la intervención de las telecomunicaciones y sus prórrogas.
Según la Fiscalía, esto permitirá la agilidad en el trámite de las solicitudes de intervención, siempre custodiando el rigor y la calidad de los autorizados para hacer los requerimientos.
Además, se cambió el Art. 33 incisos segundo y tercero, sobre la fiscalización. En esta parte se incorpora que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos solo podrá realizar auditorías específicas en procedimientos judicializados cuando mediare denuncia sobre la violación del derecho a la intimidad o secreto de las telecomunicaciones.
Y que los informes de auditoría serán de carácter reservado y serán remitidos únicamente y de forma confidencial al fiscal general.
Estas y otras reformas se prevén que sean ratificadas en el pleno con 43 votos de los diputados. Hasta este momento, los partidos de oposición Nuestro Tiempo y VAMOS han mostrado su desacuerdo en las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
“Aunque algunos digan que es necesario para combatir el crimen, que no es así, o digan que el que nada debe nada teme, lo cierto es que no se le pueden dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”, afirmó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.
Dijo que no se debe perder de vista que hay serios y fuertes indicios de que el gobierno de El Salvador, podría estar detrás del espionaje a periodistas que destaparon la tregua en gobiernos anteriores y que también han sacado a la luz “cosas escandalosas de la actual administración”.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, se refirió a que el procedimiento de emisión de los dictámenes a favor de reformar las tres leyes en cuestión fue anómalo.
“Hay que notar que el fiscal no solo hizo observaciones a artículos propuestos a reformar por iniciativa del Ejecutivo, sino que también hizo propuestas de reformas a artículos que no estaban en la propuesta original”, señaló.
“Se le estaría dando a la Fiscalía una importante cuota de poder y de responsabilidad en el tema de intervención a la telefonía, se podría estar vulnerando muchos derechos y no solo eso, las garantías que establece la misma ley son bastantes ridículas, en el caso de las auditorías que tendría que hacer la Procuraduría si se detectase algún tipo de abuso de lo que está establecido en la ley, es el mismo fiscal que recibe el informe final, información que es de carácter reservada”, expresó Wright.
Por su parte, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, cuestionó estas iniciativas y recordó que en el país hasta esta fecha no se tienen leyes complementarias a esto en torno al derecho a la intimidad y al honor que tienen las personas.
"Sabemos que por un veto presidencial en la legislatura anterior no tenemos una ley vigente de protección de datos en el país y puede atentarse directamente contra los derechos de población el no tener establecidos límites o candados que eviten que se puedan dar cualquier abuso o que se traspase la linea de lo que sí estaría habilitado en torno a lo que se justifica para combatir el crimen, pueda traspasare eso y violentarse el derecho a la intimidad que tiene la población", concluyó.