La ampliación de dos meses más que la Asamblea aprobó ayer para hacer cambios de domicilio en el DUI y votar en las elecciones de 2024, es un “salvataje” administrativo para el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así lo define la experta electoral Ruth López, pero también expresa que este hecho evidencia la “irresponsabilidad” del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea por no entregar a tiempo los fondos al Tribunal para que pudiera hacer campaña de orientación a la ciudadanía.
Según el Código Electoral, el periodo vencía este 3 de febrero, ya que los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y alcaldes, se realizarán el 4 de febrero de 2024; sin embargo, los diputados oficialistas y sus aliados aprobaron ayer con dispensa de trámite (sin estudio previo) una disposición transitoria para ampliar el plazo hasta el 3 de abril próximo.
“Es un salvataje en términos administrativos para el TSE este periodo de dos meses. Es un salvataje para que no quede en evidencia el Ministerio de Hacienda y la Asamblea por la falta de aprobación del presupuesto para el TSE y, por supuesto, para la ciudadanía que desconoce los plazos electorales y también no se ha ofrecido una campaña de información que le permita saber que debe actualizar su dirección”, manifestó López.
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Al respecto, los magistrados del TSE, Julio Olivo y Noel Orellana, manifestaron hace unos días, que desde noviembre enviaron a Hacienda la petición de $89.4 millones que costarán las elecciones nacionales del próximo año. Ese monto abarcaba también los fondos para publicidad y campaña de orientación a la población para el cambio de dirección en el DUI.
El magistrado Orellana añadió que la semana pasada enviaron una carta al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, recordándole que les urge ese dinero.
El Diario de Hoy consultó ayer al magistrado del organismo electoral, Guillermo Wellman, quien explicó que siguen sin recibir los recursos, pero afirmó que los equipos financieros del Tribunal y del Ministerio de Hacienda se han reunido para analizar el costo que han propuesto.
Indicó que hasta este momento, han logrado justificar $72 millones de lo solicitado. Según dijo, es posible que Hacienda les dé menos de los $89.4 millones que han pedido para realizar el voto nacional.
“Dijo (Zelaya) que podría andar entre $75 o $77 millones. Eso lo dijo él. Después viene la reunión con los del Ministerio de Hacienda, definimos la cantidad, pero ya es avanzado, ese voto nacional realmente lo hacemos nosotros”, argumentó Wellman.
De acuerdo con el magistrado, la disposición aprobada por la Asamblea es coherente con la ampliación que también avalaron para el cambio de residencia de los salvadoreños en el exterior. En el caso de ellos, tendrán hasta noviembre de 2023 para modificar su DUI, si fuera el caso que se han mudado de domicilio.
“Yo lo veo sensato. Yo había propuesto que les diéramos 90 días. Yo lo propuse hace como una semana, porque es justo, porque así los que votarán en el territorio nacional tienen más tiempo para modificar su dirección”, explicó Wellman. Además, considera que esta ampliación de dos meses más, no les afectará en el calendario electoral.
Sin embargo, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, cree que detrás de esta disposición puede haber un “cálculo electoral y político” y que, además, tendrá implicaciones logísticas para el TSE.
“Obviamente reduce dos meses el plazo para el cierre de cambio de domicilio, el punto acá es: ¿por qué lo están haciendo? Políticamente y electoralmente hay un cálculo, por eso lo hacen”, razonó Escobar.
También evalúa que restar más tiempo al TSE para organizar las elecciones le dificulta definir los centros de votación de acuerdo con la población apta para votar en cada municipio.
El otro impacto es en el presupuesto, ya que esto puede retrasar tener claro cuántas papeletas se necesitarán en cada Junta Receptora de Votos, por ejemplo.
TSE prepara términos de referencia para contratar a empresa para voto electrónico
El Tribunal Supremo Electoral sigue sin definir cuál será la empresa que se hará cargo de llevar a cabo el voto electrónico para los salvadoreños en el exterior.
El magistrado del TSE, Guillermo Wellman, informó ayer que los técnicos están preparando los términos de referencia para las compañías que quieran participar, ya que así lo mandata la ley del Sufragio en el Exterior, que ese servicio deberá ser adjudicado a un tercero.
La contratación no pasará por los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). De hecho, la Asamblea aprobó una nueva ley de Compras Públicas que evade esa regulación para contratos públicos como el del voto electrónico para el exterior.
El presupuesto para este mecanismo tampoco está definido. Según Wellman, podría saberse la próxima semana; sin embargo, su colega, el magistrado Noel Orellana, afirmó hace unos días que el acuerdo lo tomarían entre ayer y hoy.
El magistrado Julio Olivo es el único que se ha atrevido a revelar que solo el voto en el exterior podría costar alrededor de $64 millones.
El Ministerio de Hacienda aún no autoriza los fondos para las votaciones a nivel nacional cifrado en $89.4 millones. Esta petición debe ser llevada por Hacienda para que la Asamblea Legislativa la avale.