La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que se investiguen las contrataciones realizadas por los diputados desde la Asamblea Legislativa.
Tras la filtración de una base de datos por parte del grupo de Ciberinteligenciasv en las cuales se mostraban las contrataciones realizadas por los diputados para conformar sus grupos de trabajo; sin embargo, algunos de los nombres no contaban con el perfil idóneo para el cargo presuntamente desempeñado.
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Rudy Joya, vocero y abogado de UNIDEHC señaló que la denuncia formal sobre el caso que ellos denominaron “corrupción legislativa”, argumentando que “creo que todos hemos visto en los documentos que se han ido infiltrando dentro de estos dos meses sobre el tema de contrataciones de funcionarios, hablando específicamente de la Asamblea Legislativa, donde diputados tienen contratados a personas como creadores de contenido, exfutbolistas, youtubers y de igual manera otros personajes que de repente en la opinión pública se está preguntando qué hacen ellos contratados dentro de la Asamblea”, afirmó.
En ese sentido, la denuncia busca que los funcionarios puedan esclarecer el uso de fondos públicos.
“Hasta este momento ninguna institución del Estado se ha pronunciado al respecto de hechos tan notorios que hemos decidido formalizar la primera denuncia pública, pero haciéndolo a través de los canales que la ley ya indica”, agregó Joya.
Según UNIDEHC han sido “pocos y contados” los diputados que han tratado de dar transparencia, pero estas publicaciones no tienen la formalidad necesaria para ser corroboradas.
Diputado tiene como "técnica administrativa" a doctora que atiende su clínica privada
Joya señaló que en la pieza presentada “estamos denunciado a los diputados de las fracciones legislativas: Nuevas Ideas, PDC y PCN”, argumentando que no se tiene claridad cómo se están usando los fondos disponibles.
Con esta denuncia las organizaciones exigen a los funcionarios transparentar qué tipo de trabajos realizan las cuestionadas figuras, si cumplen con un horario laboral, sistema de marcación en la Asamblea o si estos han sido contratados sin cumplir el perfil necesario solo por una relación familiar.
Son 450 personas las que estarían trabajando directamente para la fracción de Nuevas Ideas, según la base de datos publicada.