Con dispensa de trámite, los diputados de la bancada oficialista autorizaron este martes al gobierno $677 millones en emisión de títulos valores y dos créditos, de los cuales, $319.5 millones están orientados a financiar “obligaciones generales del Estado y transferencias varias” en el presupuesto de 2022.
Para la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, estos fondos en su mayoría irán a parar a un “hoyo negro” llamado “prioridades estratégicas u obligaciones generales del Estado sin dar detalles”, cuestionó.
La parlamentaria de VAMOS se refirió específicamente al aval que dio Nuevas Ideas para emitir $436.2 millones en títulos valores, ya que de este fondo, $319.5 millones son para subsanar obligaciones generales del Estado que debieron estar previstas en el presupuesto del presente ejercicio fiscal.
“Se nota que les urge el dinero, nace de un decreto inconstitucional que se aprobó la semana pasada cuando se aprobó la emisión de títulos valores por $436 millones, pero que no decía en qué se iba a ocupar, inconstitucional porque el presupuesto según la Constitución debe estar equilibrado, y si un decreto dice que van a tener ingresos, pero no se dice en que se va a ocupar es inconstitucional”, reclamó Ortiz en el pleno.
Añadió que el proceso es “indecente” e incongruente con la realidad, puesto que la semana pasada la Asamblea aprobó emitir los títulos valores y se desconoce si ese proceso ya concluyó, siendo que por lo general tardan semanas e incluso meses.
“No creo que ya se haya terminado la emisión de títulos valores y que ya hayan logrado recuperarlo, ni siquiera tienen el ingreso y ya lo están asignando, básicamente están pidiendo fiado, ese ingreso no se tiene, porque se aprobó endeudamiento la semana pasada para eso”, explicó Ortiz.
Añadió que lo anterior es de las situaciones más graves que contiene el decreto en mención, el cual pidió que se retirara del pleno y se mandara a estudio de la comisión de Hacienda, para que los representantes del Ministerio de Hacienda justificaran en qué gastarán el dinero, sin embargo, su petición no tuvo eco en el pleno.
“De las cosas más graves que se ven en este decreto de $436 millones, es que $319 millones van a un hoyo negro que ustedes le han puesto prioridades estratégicas o aquí dice obligaciones generales del Estado, sin dar detalles”, lamentó.
El rubro de obligaciones generales del Estado tiene 11 categorías pero en el documento no se establece específicamente para donde van los recursos, agregó.
“Esta dispensa de trámite es indecente y que la gente se de cuenta de las cosas que pasan en esta Asamblea, a ver si estos diputados oficialistas también se dan cuenta, o están haciendo cursos en doméstica o viendo los partidos del mundial, no les importa su dinero querido pueblo salvadoreño, simplemente aprietan el botón”, reflexionó.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó que no es malo endeudarse, lo que no es conveniente es no tener los recursos para amortizar la deuda, que es el caso de El Salvador.
“Entre enero y febrero del otro año tendrían que pagar $700 millones solamente en amortización de deuda, hasta hoy se desconoce de dónde va a salir”, acotó Portillo Cuadra.
Según el dictamen aprobado por la bancada oficialista parte de los $436 millones servirán para reforzar las asignaciones presupuestarias del Ramo de Justicia y Seguridad Pública, de los Ministerios de Educación y de Obras Públicas.
El desglose menciona que $20.7 millones serán para el Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecer a la corporación policial, de los cuales, $5 millones son para reforzar la capacidad del personal de la Dirección General de Centros Penales en reclusión y rehabilitación de reos.
Mientras que otros $78 millones van para el Ministerio de Educación, con el fin de financiar gastos de funcionamiento de diciembre de 2022; y otros $17.9 millones son para el Ramo de Obras Públicas y de Transporte, para dar cumplimiento al Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación de la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Tipo Colectivo y Masivo, llamado “COTRANS”.
Entre las aprobaciones de más deuda, la Asamblea también avaló con dispensa de trámite otro crédito por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Según el dictamen este dinero servirá para financiar el “préstamo sectorial de apoyo al sector salud en El Salvador en el marco de la pandemia COVID-19”; sin embargo, también se detalla que parte de los recursos serán destinados para “atender transferencias varias y obligaciones generales del Estado”.
Así como otro crédito por $166 millones con el BCIE para garantizar la conectividad vial desde el tramo de Los Chorros hasta el desvío de San Juan Opico, carretera a Santa Ana.