Siendo que la desaparición forzada es considerada como uno de los más graves delitos de lesa humanidad, es que la Comisión Pro Memoria Histórica llegó a la Asamblea este 29 de agosto de 2022 a pedir a los diputados que declaren cada 30 de agosto de cada año como el día del “detenido desaparecido”.
Los representantes de la Comisión recordaron que la desaparición forzada está normada en el Estatuto de Roma del cual el Estado de El Salvador es parte desde 2015, por lo que tiene la obligación de investigar y perseguir el delito de lesa humanidad en todo momento, ya que el mismo no prescribe.
A la fecha, en el marco del régimen de excepción, Cristosal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado decenas de denuncias de violaciones a la vida y dignidad humana en las cárceles.
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Familiares de los detenidos denuncian que no saben el paradero de sus parientes y que las autoridades de seguridad se niegan a brindarles esa información.
Algunos han muerto bajo custodia del Estado y sus familiares no fueron informados con antelación de su fallecimiento. Los registros dan cuenta de más de 60 personas muertas en las prisiones bajo circunstancias oscuras.
Abogados de Cristosal han advertido que debido a esto, los funcionarios públicos involucrados en este tipo de hechos podrían ser demandados por delitos de lesa humanidad.
Al respecto, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue quien le dio iniciativa de ley a la petición. Según la legisladora, si el Estado salvadoreño hubiera aprendido en el pasado la no repetición de delitos de lesa humanidad, no estuviera ocurriendo lo mismo en la actualidad.
“Si este tipo de reparaciones de no repeticiones se hubieran realizado en el pasado, ya se tuviera algún tipo de cultura o algún tipo de mecanismo para que no se estuviera repitiendo la historia, pero lamentablemente se está repitiendo”, apuntó Ortiz.
En sus palabras es momento de prestar atención a las víctimas y tomar en cuenta sus demandas desde cosas sencillas, como la solicitud del Movimiento de declarar de forma simbólica cada 30 de agosto el día de la “persona detenida y posteriormente desaparecida”. Señaló que desde 1996 lo han venido pidiendo sin tener respuesta.
“Esta no es una cualquier declaración de día conmemorativo, es una acción de reparación y también una acción simbólica, para que el Estado reconozca que hay una acción de lesa humanidad que es la detención y posterior desaparición forzada de personas que no se debe repetir”, valoró.
Recordó que las víctimas también esperan la ley de Justicia Transicional que la Comisión de Derechos Humanos aún tiene en estudio.