Hay dos aspectos que los diputados de oposición de ARENA y de VAMOS señalan como la muestra más palpable de lo que el informe de Transparencia Internacional 2022 dio a conocer. La reciente aprobación de leyes como la de Compras Públicas que favorecen la corrupción y ocultar información pública hasta por 7 años.
Transparencia Internacional (TI) reveló este martes su más reciente índice de Percepción de Corrupción, correspondiente a 2022.
En este, El Salvador volvió a descender hasta un deshonroso puesto 116 de 180 países evaluados y obtuvo una nota global de 33 (siendo 100 la menor percepción de corrupción). El promedio global es de 43, lo que indica que El Salvador está abajo de la media del mundo.
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La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, señaló que pese a los discursos del gobierno, de que ahora sí se está combatiendo la corrupción y de que han hecho cambios históricos, la ciudadanía sigue percibiendo que nada ha cambiado en realidad, que hay menos transparencia y más corrupción.
"Aunque nos quieran marear con render, con publicidad, los datos están allí, es una señal de alerta, ahora que se pelean con el gobierno de Costa Rica, aunque digan que no están mejor que nosotros, pero ellos tienen más de 50 puntos de diferencia de la percepción de corrupción, están mejor que nosotros", afirmó Ortiz.
Indicó que lo anterior podría incluso "empeorar", debido a la reciente aprobación de la Ley de Compras Públicas que hizo la Asamblea, en la que se eliminan los controles al uso de los recursos del Estado en contrataciones gubernamentales.
"Esto podría empeorar luego de la aprobación de leyes tan nefastas como la Ley de Compras Públicas, que abre espacios graves y peligrosos a que se entreguen contratos de gobiernos, sobre todo de proyectos llamados estratégicos, donde habrá mucho más dinero en juego a personas que pueden tener conflicto de intereses", aseveró Ortiz.
Un ejemplo claro también del retroceso que tiene el país, es la declaratoria de reserva que hizo el Banco Central de Reserva por 7 años a la información relativa a los estudios que sustentaron la reciente ley de pensiones aprobada también por el oficialismo legislativo, añadió.
"Aplica cuando son decisiones administrativas, no aplica cuando se está en un proceso de formación de ley, donde es un proceso público, abierto, donde todo mundo debería tener acceso a esos datos de las reformas que se hicieron", lamentó.
Cuestionó que el actual gobierno también hace lo mismo que tanto critica de los gobiernos anteriores: ocultar información. Para el caso, puso como ejemplo la "dolarización", que nunca se conoció el estudio que justificaba su implementación.
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Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que es la primera vez en la historia que un gobierno coloca a El Salvador dentro de los países más corruptos.
Al igual que Ortiz, coincidió en que la eliminación de leyes como la LACAP y el secretismo que manejan todas las instituciones del gobierno poniéndole reserva a la información, contribuyen a que la percepción de la gente sea que hay más corrupción que antes.
"No nos extraña sinceramente en qué posición nos pone transparencia, es el reflejo de la mala gestión del gobierno y la falta de transparencia y compromiso con los ciudadanos", razonó Portillo Cuadra.
Señaló que al ciudadano de a pie tal vez no le interese que El Salvador resulte mal evaluado en corrupción, pero debe tomar en cuenta que se trata de su dinero, de lo que paga en sus impuestos.
GANA defiende
Mientras que el diputado de GANA, Romeo Auerbach, consideró que Transparencia Internacional debería validar que el gobierno actual aprobó una ley para que los delitos de corrupción no prescriban.
"Si en este gobierno hay gente que está delinquiendo, pues se van a tener que preparar, porque no va a vencer. Lo pueden capturar en 2030, en 2040 o en 2050, creo que deberían habernos puesto en mejor escalón, no retroceder", lamentó Auerbach.
Al respecto, el diputado de GANA admitió que no ha presentado su declaración de probidad, porque se enteró que no fue enviada a la Corte Suprema de Justicia hasta que el contador que estaba a cargo de su documentación murió por Covid.
De momento asegura que la está preparando él personalmente con otra persona que lo apoya, pero aseguró que no le preocupa que la Corte le pida informe si hay inconsistencias, porque su vida cotidiana no ha cambiado en nada.
Admite que el plazo para presentar su declaración patrimonial ya venció, sin embargo, dice que "no me preocupo por lo mío, porque sigo viviendo donde vivo desde hace 14 años, pero si hay inconsistencias y lo dice la Corte Suprema de Justicia, que es un poder del Estado, el funcionario tiene la obligación de aclarar esas inconsistencias", afirmó.