Al igual que ha pasado con las recientes aprobaciones que ha hecho la Asamblea de decretos con disposiciones transitorias, nuevas leyes, reformas a éstas y el régimen de excepción, entre otras; el proyecto de “Ley Especial para el ejercicio del Sufragio en el Extranjero”, vuelve a tener el mismo vicio: eliminar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para todas las compras y adjudicaciones de obras que realice el gobierno, orientadas a implementar el voto electrónico por Internet para la diáspora en 2024.
Ya la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, lo subrayó muy bien hace poco, que cada una de esas autorizaciones de emergencia desde que la Asamblea oficialista tiene las riendas del Órgano Legislativo, “tienen un hermanito gemelo”, obviar el control del uso de los fondos públicos.
Hace una semana, antes de que el partido Nuevas Ideas presentara el anteproyecto de ley de voto en el exterior en la Asamblea; el presidente de esa entidad, Ernesto Castro, informó en una entrevista televisiva que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tendrá que contratar a una empresa para ejecutarlo. Esto ya genera dudas en los partidos de oposición.
La propuesta que sustituirá a la Ley de Voto en el Exterior que el mismo gobierno había presentado en septiembre de 2021 y que fue avalado por la bancada oficialista en esa fecha, dice que el TSE estará obligado a contratar un sistema de votación electrónica que garantice a los salvadoreños que residen en el exterior el ejercicio de su voto de manera confiable, segura, personal, auditable, única, secreta y transparente.
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Sin embargo, para la diputada del FMLN, Marleni Funes y para Johnny Wright, parlamentario del partido Nuestro Tiempo, hay antecedentes en El Salvador que los hace sospechar del tipo de empresa que el gobierno adjudique para echar a andar el sistema electrónico, tomando en cuenta que esa contratación no pasará por los controles que establece la LACAP.
“Ojalá que no vayan a buscar a la misma empresa que hizo, que elaboró o creó la aplicación de la Chivo Wallet, que es por todos conocidos que allí se dio un robo masivo de información y quejas de personas que no pueden usar la Chivo Wallet, porque alguien más lo hizo. Ojalá que no vayan a poner un sistema que aparezca que usted ya votó y se esté preparando un gran fraude electoral masivo a través del voto electrónico”, advirtió Funes.
Lo anterior es un ejemplo, pero también hay otro, mencionó Funes, y se trata del proceso de homologación del DUI con el NIT, en donde asegura que el Ministerio de Hacienda creó una página en Internet para que las personas pudieran hacer el trámite, pero resulta que ésta se encuentra en “mantenimiento permanente”, aseguró la diputada.
Este tipo de experiencias, a juicio de Funes, demuestran que El Salvador no estaría preparado para el voto electrónico en 2024, sino hasta después. “La Chivo Wallet sirvió para que a mucha gente le robaran sus datos y les robaron sus 30 dólares que hoy todos estamos pagando”, alegó.
Para Wright, la medida debe ser estudiada a profundidad para disipar las dudas en torno al voto electrónico por Internet. Una de ellas es la de habilitar la compra directa para adquirir la plataforma para implementarlo.
Y otro aspecto que de acuerdo a Wright merece la atención, es cómo se validará que efectivamente la persona que emita su voto electrónico a través de su teléfono celular, Tablet o una computadora, sea la persona que tiene el derecho de hacerlo y que sea quien dice ser.
Añadió que en este punto, se debe garantizar la identidad real del votante y que su voto sea secreto, por eso también recuerda que en el mismo partido oficialista de Nuevas Ideas el uso de tecnología para el voto electrónico generó quejas y denuncias de los precandidatos y candidatos a diputados y alcaldes que quedaron fuera de la elección.
“Las vulnerabilidades que tiene el país en ciberseguridad nos deben hacer reflexionar para determinar si estamos listos para este tipo de tecnología en las elecciones”, argumentó Wright.
Al respecto, la diputada Funes expresó que los magistrados del TSE son quienes deben decir si tienen la capacidad para echar a andar el voto electrónico y si el software que usen será seguro y no podrá ser hackeado o que exista el riesgo de que se caiga en medio de la elección.
Esto considerando que la propuesta de ley obliga al TSE a tener listo todo el aparataje del voto electrónico 6 meses antes de la elección prevista para el 3 de marzo de 2024, es decir, que le quedaría un poco más de un año aproximadamente para hacer todas las gestiones y adecuaciones, si es que la Asamblea aprueba la ley en julio de 2022.