El Ministerio de Economía pidió modificar la Ley de Emisión de Activos Digitales para regular operaciones tanto a instituciones públicas como privadas, proveedores de servicios bitcoin y demás participantes que operen en los procesos de ofertas de activos digitales, tras 19 meses de aprobada la ley.
La pieza de correspondencia ingresó a la Asamblea Legislativa el 19 de agosto de 2024 y fue enviada a estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual estaba convocada a sesión para este viernes 6 de septiembre; pero no se reunió.
“En la actualidad, es necesario expandir las facultades legales de la Comisión Nacional de activos digitales con el propósito de proteger el ecosistema digital y la innovación manteniendo estándares de cumplimiento normativo y supervisión basado en riesgos”, justificó el ministerio.
Una de las principales modificaciones que solicita el ministerio es en el ámbito de aplicación de la ley, para que entren, además de los proveedores de servicios digitales, proveedores de servicio bitcoin.
LEA: ¿Qué pasó con los Bonos Bitcoin prometidos por Bukele?
“Cuando en la presente ley se relacione a los proveedores de servicios de activos digitales se entenderá que también se hace referencia a los proveedores de servicios de bitcoin, salvo que se excluyan a estos expresamente”, señala la propuesta.
Además, se prevé suprimir como exclusión de la ley todo aquel activo digital que ya sea de curso legal o que posterior a esta ley se declare bajo la misma categoría.
Actualmente, la ley de Emisión de Activos Digitales establece que la Comisión Nacional de Activos Digitales es la encargada de la aplicación de las normativas descritas en la Ley, sus reglamentos y demás reglas de ofertas públicas de activos digitales. La propuesta de reforma le añade que será encargada de la aplicación de la Ley Bitcoin.
“La Comisión en sus actuaciones relacionadas con las ofertas públicas de activos digitales deberá ponderar los derechos de los adquirentes de activos digitales y del público en general, la promoción de la innovación y de la competitividad”, se establece.
El proyecto enviado por el gobierno agrega artículos referentes a los proveedores de servicios de bitcoin, como el registro y requisitos, en el que deberán estar comprendidos los custodios, casas de cambio o “exchanges” y procesadores de pago o billeteras.
También las normas de conducta para los proveedores de servicios bitcoin, que incluye mantener “un programa contra el lavado de dinero que cumpla con la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y las mejores prácticas internacionales articuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional”.
Añade en las normas de conducta que los proveedores de servicios bitcoin deberán mantener libros y registros que reflejen “con precisión” los activos, pasivos y patrimonio del proveedor de servicios de bitcoin y registros de cuentas de clientes que reflejen los datos obtenidos de cada cliente, así como la “información relevante” para cada transacción solicitada por un cliente, ya sea que se ejecute o no.
Otra norma de conducta será “mantener un registro de quejas”, que incluiría el nombre de cada cliente, la naturaleza del reclamo, cualquier resolución y la fecha de dicha resolución.
Entre los cambios propuestos en la ley está la de añadir la prohibición de operar con activos digitales sin autorización, y facultará a la Comisión realizar las investigaciones y sanciones respectivas.
Nuevas definiciones
En el desglose de conceptos se añadirían nuevos, de acuerdo a la propuesta de reforma. Tal es el caso de “activo digital derivado”, al que definirá como “un tipo de contrato que utiliza un activo digital como su activo digital subyacente o que es pagado en activos digitales, tales como los contratos de futuros, opciones y swaps”.
“Activo Digital Subyacente: Es un activo digital que sirve de base o referencia para determinar el precio o valor de un activo digital derivado”, se añade en las definiciones.
Agrega que en el caso de los directivos de la Comisión puedan ser reelectos en el cargo.
Con lo referente a tasas y cobros, se solicita que el Consejo Directivo de Ia Comisión Nacional de Activos Digitales determine las tasas y cargos relativos a los procedimientos de solicitud de preinscripción, inscripción, renovación o modificación en el registro correspondiente y cualquier otro trámite administrativo que preste la Comisión a las entidades supervisadas.
La determinación de los cargos y tasas obedecerá a la complejidad del servicio prestado por la Comisión, deberán ser revisadas y modificadas en el último trimestre del año “según sea requerido de conformidad a la naturaleza evolutiva del mercado de activos digitales y serán efectivas a partir del primer mes del siguiente año”.
La propuesta de reforma señala que las tarifas serán transparentes, de acceso público y comunicadas de forma efectiva a todos los participantes del mercado de activos digitales.
Agencia Administradora de Bitcoin suma $14.48 millones
La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB), creada en 2023 a través de la Ley de Emisión de Activos Digitales, ha incrementado en $15.96 millones su presupuesto para este año, según los datos de Transparencia Fiscal, del Ministerio de Hacienda. El 91 % de este va para una sola cuenta, la de "Bienes de Uso y Consumo".
La asignación original de la AAB para 2024, aprobada por la Asamblea Legislativa, era de $13.08 millones, por lo que su actual presupuesto ha alcanzado los $29.03 millones.
Según Alejandro Contreras, jefe de Comunicaciones de la Agencia, dicho aumento tiene que ver con que esta es "una institución nueva", por lo que estos recursos son necesarios para su operatividad interna. Por ello, comenta, es imprescindible adquirir equipo y demás insumos.