La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto de "Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura", que establece una indemnización de un máximo hasta $20,000 para los trabajadores de dicho ministerio que se vean afectados por una supresión de plazas.
“En virtud del cambio de administración en el ministerio de cultura se ha advertido que es indispensable una reorganización de su estructura y del personal que labora en dicha institución”, dice el documento leído en la plenaria.
Las personas que podrán obtener la prestación son los empleados y funcionarios permanentes del Ministerio de Cultura que se vean incluidos en la reestructuración, “indistintamente” si fueron por nombramiento o por contrato. Queda excluido el personal eventual o interino y los despedidos por un proceso sancionatorio.
El monto de la prestación será fijado en relación a la antigüedad de los trabajadores y al último salario devengado que tuvieron, equivalente al 100 % del salario por cada año laborado o fracción que exceda de seis meses, con un monto máximo de $20,000. La compensación será cancelada en máximo de seis pagos.
Agrega que por tratarse “de un beneficio especial”, quienes obtengan esa prestación no podrán reingresar a laborar en el sector público por un plazo de cinco años.
La pieza indica que “se debe transitar del modelo actual de las Casas de la Cultura a un modelo dinámico que tome en cuenta a los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), centros culturales, bibliotecas, galerías urbanas, centros comunitarios locales que atienda a la realidad de El Salvador”.
La pieza de correspondencia fue incorporada por modificación de agenda a petición del diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, quien pidió que se aprobara por medio de dispensa de trámites.
También pidió se aprobara en esta misma plenaria una reforma a la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y una reforma a la Ley de Presupuesto 2024 en el ramo de Obras Públicas para incorporar $53.9 millones para el pago de derechos de vía.
Previamente aprobó una reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultura de El Salvador, que establece que la Dirección de Trámites de Construcción (DTC) adscrita a la Presidencia de la República será la encargada de ventilar los trámites para permisos y autorizaciones de los planes de desarrollo urbano y rurales, obras públicas en general, construcciones, restauraciones o cualquier intervenciones que involucren un bien cultural inmueble.
La reforma también habilita cancelar la inscripción de un bien cultura que haya sido registrado y la intervención de bienes monumentales.
También se aceptaron las observaciones enviadas por la Presidencia de la República al decreto de Disposición para la protección de tierras agrícolas y ganaderas aledañas al periférico “Claudia Lars” y aquellas comprendidas en el Distrito de Riego y Avenamiento N°1 Zapotitán”, que fue aprobado en 2023, pero no entró en vigencia por haber sido devuelto con observaciones.
Otras aprobaciones, por medio de dispensa de trámites, fueron las iniciativas de Nuevas Ideas de emitir un pronunciamiento público "en reconociendo" a la labor realizada por el Gobierno de la República, instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil y la Diáspora Salvadoreña que apoyaron en la situación de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamérica que generó fuertes lluvias, una veintena de fallecidos y derrumbes.
Otro pronunciamiento fue por el “Día del Diplomático Salvadoreño”.