La fracción de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa autorizaron este miércoles que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) transfiera maquinarias, equipos e inmuebles a la sociedad anónima Constructora El Salvador, de la cual la Dirección sería la “accionista mayoritaria”.
Se trata de 57 unidades de maquinaria de construcción propiedad de la DOM valoradas en más de $11.9 millones, entre las que se incluye 15 excavadoras, 15 retroexcavadoras, ocho motoniveladoras, cuatro rodos de diferente tipo, dos camiones de volteo y dos máquinas pavimentadoras, entre otros.
También 93 unidades de equipos de construcción valorados en $165,336, que incluye 26 compactadores, 22 concreteras, seis cortadores de concreto, entre otros; los que se transferirán a la sociedad como “aportación en especie”.
Además, se aprobó la transferencia de dos inmuebles propiedad de la DOM a la mencionada sociedad, que son la planta asfáltica de Amayo, valorada en más de $1.1 millones, y la planta asfáltica Lolotique, valorada en $973,400. Para un total de $14.1 millones en bienes transferidos a la Constructora.
Esta transferencia sería la primera que realizaría la DOM a una sociedad luego que en junio de este año se aprobó una reforma a su Ley de creación para que pueda transferir a cualquier título, dar en comodato o préstamo, permutar y efectuar “aportaciones en especie para la suscripción de acciones”; bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo a cualquier institución estatal o persona jurídica en que la DOM sea o se constituya como accionista.
Nueva empresa
El decreto aprobado ayer menciona que el 26 de abril de 2023 se constituyó la Sociedad Anónima de Capital Variable Constructora El Salvador, “en la cual la DOM es la accionista mayoritaria” y que dicha sociedad tiene como propósito “ser un ente ejecutor que desarrolle proyectos estratégicos y de interés general y público” en beneficio de la población de los diferentes municipios.
De acuerdo a datos disponibles del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), la finalidad de la empresa es: “diseño estudio y supervisión y ejecución de todo tipo de proyectos de urbanización, arquitectura, infraestructura y construcción de todo tipo obras de terracería, explotación técnica comercial de la arquitectura, ingeniería y construcciones de todas su ramas, prestación de servicios de asesoría”.
La escritura social está inscrita bajo el número 43 del libro 4729 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio y en el libro 474 de Asientos de Matrícula de Empresa. La sociedad que se dedica a “actividades de construcción” registró un activo de $500,000. La petición de autorizar la transferencia presentada por el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, menciona que en marzo de 2023 se hicieron reformas a la Ley de Creación de la DOM que le habilitaron para constituir o concurrir a la constitución de sociedades anónimas de capital con responsabilidad social y estatal.
En ese momento, también se hicieron reformas a la Ley de Compras Públicas con el objetivo de que la DOM pueda competir como oferente de obras a través de las sociedades privadas en donde tenga participación como accionista.
Otro de los argumentos del gobierno para pedir la transferencia de bienes es que sería “conveniente” reforzar la capacidad operativa de la sociedad. “A fin de que la misma cuente con los elementos necesarios y respaldos técnicos y financieros que le permitan obtener mayor cantidad de contratos y desarrollar obras en gran magnitud a nivel privado y estatal en el país o en el extranjero”, dice el considerando siete.
Y se espera que obtenga utilidades, las entregue a la DOM y que con eso se mejore la capacidad de la Dirección de ampliar la cantidad de obras. Cabe destacar que la DOM recibe al menor el 3% de los ingresos corrientes netos anuales y para 2023 se programó más de $300 millones.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, justificó la transferencia con la reforma que le habilitó a la DOM crear empresas. “Hay un nivel tan alto de inversión no solo pública, sino que también privada, que están escaseando las empresas”, sostuvo.
Mecanismo irregular
Mientras que la oposición criticó la falta de transparencia sobre el mecanismo de creación de sociedades y la falta de información de quiénes más conforman esa empresa.
“Creo que es un mecanismo irregular que solo busca evitar la rendición de cuentas de los dineros públicos, es una tónica repetitiva que este gobierno ha tenido donde esconde toda la información de los gastos públicos. Eso solo te lleva a un camino, el de la corrupción a gran escala”,
Francisco Lira, diputado de ARENA
Agregó que aunque hay detrás una autorización de ley emitida por el Órgano Legislativo para que se pueda conformar una empresa privada con aportes en especie de parte de una entidad estatal, reprocha que se haga “sin ningún tipo de control o cuestionamiento” para avalar el valor otorgado a la maquinaria. Lo que “hace sospechar” de esta actividad.
“Es cuestionable la participación de la DOM en la creación de una empresa”, dijo.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, también recordó que se las reformas a las normas sobre obras municipales incluyeron que funcionarios puedan participar como accionistas.
“Creo que es importante que dentro de la discusión de esta ley se establezca quiénes son los otros accionistas. Y es una pregunta que el pueblo salvadoreño se tiene que hacer”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Añadió que si la DOM es accionista mayoritaria “con todas las prerrogativas” que le dan las leyes, habría otros accionistas “que no necesariamente son empresas públicas o instituciones públicas que podrían estarse beneficiando de estas prerrogativas”, agregó.
Anabel Belloso, del FMLN, valoró que se trata de un “entramado” de Nuevas Ideas “donde hace mezcla de dinero público con privado” y que tampoco se tiene claridad del nivel de participación accionaria de la DOM.
“Pero es complejo, porque sin transparencia y rendición de cuentas no se puede determinar con precisión el nivel de conflicto de intereses que puede existir en eso”,
Anabel Belloso, diputada del FMLN.
Considera que con asignar recursos públicos se estaría beneficiando más al resto de accionistas privados.
Marleni Funes, también del FMLN, dijo que es “irresponsable” decir que la DOM realice obras en los 262 municipios. “Ni siquiera los alcaldes están siendo escuchados al momento de solicitar proyectos a la DOM”, dijo