A 19 días de finalizar los tres años de la actual legislatura, la conformación de mayoría oficialista ha aprobado al gobierno 40 contratos de préstamos con entidades financieras internacionales y nueve contratos de garantía soberana para respaldar préstamos de otras instituciones estatales, que suman más de $6,184.5 millones de endeudamiento público.
En la sesión plenaria del pasado 9 de abril, la Asamblea Legislativa ratificó tres préstamos que suman $400 millones y autorizó un nuevo crédito por $84 millones que estaría pendiente de ratificarse.
Buena parte del monto de la deuda se suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por más de $2,491.7 millones en 12 contratos de préstamo que fueron ratificados.
Entre esos están los préstamos por $245.8 millones y $166 millones para la construcción del viaducto y ampliación de un tramo de la carretera Los Chorros. Y el de $109 millones para la fase II del Plan Control Territorial aprobado en 2021.
Ese año se aprobó un préstamo por $600 millones con ese banco para el “Programa de apoyo a medidas de recuperación económica, implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el covid-19”.
También en 2021 se aprobó el préstamo con el BCIE por $115.2 millones para el programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional (Prodeporte).
En marzo de este año, se aprobó una asignación de $10.2 millones de ese préstamo para el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para completar pagos de intervenciones en algunos espacios deportivos, entre esos el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.
Asimismo se suscribió con el BCIE el préstamo de $200 millones para el programa “Mi Nueva Escuela”. El último préstamo aprobado con el BCIE fue en enero de 2023 por un monto de $250 millones denominado “Operación de Políticas de Desarrollo (OPD) para apoyar acciones de política pública”.
En segundo lugar, se aprobaron ocho créditos por $1,250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los dos más recientes se aprobaron el pasado 9 de abril, por $150 millones cada uno, para financiar el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, que incluye la construcción de un by-pass en Apopa; y el “Proyecto promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades en El Salvador”, destinado para el desarrollo de empleabilidad.
La legislatura que está por terminar también aprobó nueve contratos de préstamos entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $1,045 millones. Uno de esos por $106 millones, aprobado en diciembre de 2022, para el “Programa de apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turismo en El Salvador”.
El más recientes es por $100 millones para el “Programa para la protección social responsiva a choques en El Salvador”, a ejecutar por la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda y cuenta con un componente de transferencias monetarias.
Desde 2022 se añadió a la lista de acreedores la Corporación Andina de Fomento (CAF), con la que el gobierno ha suscrito siete préstamos, que suman $595 millones.
Los últimos dos se ratificaron por medio de dispensa de trámites en la sesión plenaria del 19 de marzo de 2024, por montos de $68 millones y $75 millones para los programas “Fortalecimiento de espacios públicos para la sostenibilidad de la seguridad y la recuperación del tejido social en El Salvador” y de “Mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa (Trifinio) y puerto de La Libertad, en El Salvador”.
Otros $72.7 millones son préstamos con otras instituciones, como la Cassa Depositi e Prestiti y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
$2,491.7 Millones en préstamos con el BCIE
$1,250 Millones en préstamos con el BIRF
$1,045 Millones en préstamos con el BID
$595 Millones en préstamos con la CAF
Cuestionan endeudamiento
En la discusión previa a votar por la ratificación de los últimos préstamos, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó la ejecución de los fondos por parte del gobierno en créditos anteriores, como el de Mi Nueva Escuela. “No solo yo, sino también las familias salvadoreñas se preguntan ¿a dónde están esas escuelas? Si el préstamo se aprobó ya hace bastante tiempo”, dijo.
“Estamos adquiriendo compromisos y estamos adquiriendo financiamiento para programas sociales en una administración que ha destruido la política social en el país”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Señaló que pese a la aprobación de endeudamiento “no se ven esas obras” y mencionó que en marzo de 2022 dio su voto a un préstamo con el BID para un censo de población. “El préstamo se aprobó, pero han pasado dos años, colegas, y hasta este momento no existe suficiente información sobre cuándo se va a realizar ese censo, cómo se va a realizar, qué objetivos va a perseguir”, añadió.
Ortiz enfatizó la falta de transparencia en el uso de los fondos provenientes de endeudamiento por parte de las autoridades; además que cada vez se tiene que destinar más recursos para el pago de deuda.
“Es irresponsable este tipo de endeudamiento que hoy se está teniendo y esto ya es una costumbre completa dentro de las sesiones plenarias, ese exceso de deuda”,
César Reyes, diputado de ARENA
También el diputado César Reyes, de ARENA, señaló que la deuda “es un impuesto a futuro” y que el oficialismo tiene una “forma excesiva” de endeudarse. “La deuda que ustedes están adquiriendo hoy, y que según las instituciones que están viendo este tema ponen a este gobierno como el gobierno que más se ha endeudado en la historia de El Salvador, la van a terminar pagando los salvadoreños”, dijo.
Garantías soberanas
Además de los contratos de préstamos con el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, la Asamblea oficialista también dio su aprobación a nueve garantías soberanas, con las que se respaldan créditos que fueron gestionados por otras entidades estatales, específicamente por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
Estas garantías, en la que el Estado se convierte en una especie de fiador, suman $678.7 millones y se gestionaron con el BID, con el BCIE, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Opep para el Desarrollo Internacional.
Desembolsos 2023
De acuerdo al informe de Situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal del Ministerio de Hacienda en 2023 se recibieron desembolsos por $918.9 millones provenientes de financiamiento externo.
De esa cantidad, $431.8 millones fueron desembolsos de préstamos con el BCIE “para financiar políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno y proyectos de infraestructura”, según el informe.
De la CAF se tuvo un desembolso de $226.3 millones, en su mayoría para financiar el programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación y reducción a la brecha digital.
Del BID hubo desembolsos de $108.5 millones.
De préstamos con organismos gubernamentales se recibieron desembolsos por $63.4 millones, principalmente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para financiar el proyecto de construcción del by-pass de San Miguel.
En lo que respecta a la amortización de la deuda con organismos multilaterales, en 2023 se destinó $401.7 millones, indica el informe de Hacienda. De esa cantidad, el 39.9% fue para pagar al BID, el 23.7% al BCIE y el 23.7% al Fondo Monetario Internacional (FMI). El resto se distribuye entre otros organismos acreedores. Y para amortización de deuda por empréstitos contratados con gobiernos y organismos gubernamentales se destinó $23.5 millones el año pasado.