En la última sesión de trabajo de 2023, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió los dictámenes favorables para autorizar al gobierno a suscribir dos contratos de préstamo, por $150 millones cada uno, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los cuales podrían avalarse por el pleno a inicios de 2024.
Uno de los créditos sería para financiar el “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, con el que se pretende mejorar la red vial nacional, “a fin de facilitar la movilización del transporte de personas y de carga, comprendiendo intervenciones a nivel nacional, entre ellas en la zona norte del área metropolitana de San Salvador”, dice la pieza enviada por el Ministerio de Hacienda.
El otro préstamo será para financiar el “Proyecto Promoviendo Oportunidades de Empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador”.
Marlon Omar Herrera, director general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, dijo que el ejecutor del primer préstamo será el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) para la construcción de un by pass en Apopa.
“Este componente está orientado a realizar intervenciones en la infraestructura vial. ¿Qué incluye estas intervenciones? La construcción de una circunvalación de 4.8 kilómetros aproximadamente, diversas intersecciones en la red local existente, pasos subterráneos y elevados”,
Marlon Omar Herrera, director de Crédito Público
Agregó que incluye la construcción de puentes a la entrada y salida del by pass, sobre el río Las Cañas, a la entrada a Tonacatepeque; además de diseño y ejecución de obras complementarias, iluminación, señalización, control de velocidad y paradas de autobús.
El segundo componente tiene que ver con fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio en la gestión de la red vial, lo que incluye estudios para proyectos futuros de carreteras, fortalecer la resiliencia climática.
Fomento al empleo
El segundo préstamo, también por $150 millones, sería ejecutado por el Ministerio de Economía, con apoyo del Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
El objetivo sería “mejorar el acceso a las oportunidades de empleo y el desarrollo de habilidades de grupos poblacionales seleccionados que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desempleo o subempleo”, expuso Herrera.
Uno de los componentes es el fomento de la empleabilidad y mejorar el acceso al empleo asalariado, que incluye capacitaciones en tecnología, computación, habilidades de albañilería, entre otras. El segundo componente es la promoción de oportunidades de emprendimiento, principalmente para población joven.
“Sabemos que muchos jóvenes no solamente están desarrollando un negocio, sino que también tienen el interés de crear uno nuevo o de involucrarse en una inversión de este tipo”, expresó el funcionario.
Se prevé también usar parte de los fondos para adecuar centros comunitarios de conocimiento en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, San Miguel y Morazán. Se estima una población beneficiaria de 180,000 personas.