La Asamblea Legislativa envió de regreso a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial el dictamen la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) que concentrará las facultades de otorgamientos de permiso en el uso de suelo.
Según la propuesta que se dio a conocer, la DOT podrá autorizar las lotificaciones y los permisos de construcción, dictar las políticas de ordenamiento territorial, elaborar el mapa de uso de suelo, matriz de compatibilidad y establecer índices, entre otros.
También llevaría el registro de profesionales y prestadores de servicios de urbanización y construcción; proponer al Órgano Ejecutivo, por medio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los proyectos de tasas por servicios que preste la DOT y proponer al Ministerio de Hacienda para su autorización, el listado de precios por servicios o productos que preste la DOT, asimismo, podrá poner a disposición modalidades de servicios exprés.
Durante su etapa de estudio, la comisión respectiva solo tomó en cuenta los aportes del Centro Nacional de Registros.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio por hecho que las voces técnicas debieron haberse consultado por el Ejecutivo por ser los autores de la propuesta.
“Entiendo que ellos hicieron las consultas respectivas, seguramente se reunieron con o hicieron esas consultas con los involucrados en ese tema”, dijo Castro.
Según el presidente de la Asamblea, el pleno en esta sesión plenaria 24 se tuvo prevista su aprobación, pero se realizarían algunas modificaciones a lo avalado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Datos y concentración de permisos
Según datos del CNR, la dinámica del mercado inmobiliario reciente denota un crecimiento. En las certificaciones, en 2022, el CNR registró 347,483; en 2023, 392,696 y en este año hasta el mes de agosto llevaban 272,444. En las compraventas registraron en 2022 más de 124,000, en 2023 más de 120,000 y en este año llevan más de 64,000.
Para el CNR, las construcciones deben de atenderse de una manera “especial, rápida y eficiente”.
La ley no sería aplicable en los proyectos que se realicen en el perímetro delimitado del Centro Histórico de San Salvador, en los proyectos contemplados por la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños y su Reglamento.
Tampoco aplicaría en las parcelaciones financiadas, desarrolladas o propiedad del Estado, instituciones públicas, gobiernos locales en el marco de sus atribuciones y las que se rijan por las leyes relacionadas con la reforma agraria.
Según la propuesta actual, la ley excluirá a lotificaciones o parcelaciones agrícolas; lotificaciones habitacionales desarrolladas y comercializadas antes del siete de septiembre 2012.