No implementar medidas de accesibilidad arquitectónicas y urbanísticas acordes a las personas con discapacidad y cobrarles por el acceso a sitios turísticos, arqueológicos y centros deportivos son infracciones que deben ser sancionadas, según la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad; pero estas vulneraciones no pueden penalizarse porque no está vigente el capítulo de la ley donde están establecidas y el ente encargado del proceso.
Aunque la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad se aprobó en junio de 2020 y entró en vigencia el 1 de enero de 2021, el Capítulo XVIII referido al Tribunal Sancionador, Infracciones, Sanciones y Procedimiento sigue pendiente de entrar en vigor debido a las constantes prórrogas emitidas por la Asamblea Legislativa.
En la sesión plenaria de este jueves, a petición de Nuevas Ideas, se aprobó prorrogar otra vez la entrada en vigencia de dicho Capítulo hasta el 1 de enero de 2026.
Sin estudio de la reforma
Según la iniciativa firmada por Diana Fuentes, Janneth Molina, Rubén Flores, Lorena Fuentes, Maricela de Guardado, Sharon Salazar y Claudia Toledo, de Nuevas Ideas, “actualmente persisten las condiciones que originaron” el decreto 976 que prorrogó la vigencia hasta el 1 de enero de 2025, y “por lo que resulta procedente hacer una nueva prórroga, hasta el 1 de enero de 2026”.
En el decreto mencionado por las legisladoras se dijo que “actualmente se encuentra en estudio un proyecto de reformas a dicha ley, el cual tiene por objeto superar diversos aspectos que impiden que sea aplicada en forma efectiva, por lo que mientras esta Asamblea realiza el proceso de estudio del mismo, no es factible la entrada en vigencia del referido Capítulo, ya que esto generaría inconvenientes en su aplicación”.
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De hecho, el expediente del proyecto de reforma a la Ley de Inclusión estaba en la Comisión de La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, y la última vez que se abordó fue en julio de 2023.
Los temas y expedientes de esa comisión fueron absorbidos por la nueva comisión de Niñez e Integración Social en la presente legislatura, la cual no ha retomado el estudio de la reforma.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que la prórroga impide que entre en vigor el capítulo de "los dientes de la ley”, para que cualquier situación de discriminación hacia las personas con discapacidad e incumplimiento de la ley se someta a un procedimiento y una sanción.
“Quedó a medias, de repente el estudio de esa ley se pausó sin ninguna explicación y quedó durmiendo el sueño de los justos. La comisión que heredó ese trabajo, la comisión de Niñez e Integración Social, simplemente no se reúne, simplemente no sesiona y no habla de estos temas”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Consideró que es grave mantener “en pausa” este capítulo porque el Estado salvadoreño incumple sus obligaciones internacionales en el tema de inclusión de las personas con discapacidad.
El diputado Rubén Flores, uno de los mocionantes, trató de justificar la prórroga en que las instituciones se puedan adecuar para poder implementar la ley.
La diputada Suecy Callejas, presidenta de la Comisión de Niñez e Integración Social, hizo alusión al principio constitucional de igualdad.
“Si alguna vez hay algún derecho que se vulnere para personas con discapacidad, para cualquier persona, tenemos todos los tribunales para ir a exigir el cumplimiento de esos deberes, según sea la jurisdicción específica y la competencia de cada uno de ellos”,
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas
Ortiz criticó esa postura de la diputada Callejas en el sentido de enviar al sistema judicial ordinario a las personas con discapacidad que sean vulneradas, cuando se necesitan instituciones especializadas y sensibilizada en el tema.
También la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, señaló que al no tener vigente el apartado sobre las sanciones, la ley se vuelve inaplicable y hasta inexistente. Mencionó que personas ciegas han sido despedidas de las casas de la cultura.
“Y han dejado fuera a este sector vulnerable de la población. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y también por aquellas personas que sufren, aquellas personas que tienen que pasar por situaciones más difíciles que las nuestras”, dijo Villatoro.
Insistió en que no se pueden continuar con las prórrogas a los derechos sociales, en particular de las personas con discapacidad.
“Y no podemos estar retrocediendo en los derechos de las personas con discapacidad, debemos de apoyarlas y hacer que esta ley sea efectiva”,
Marcela Villatoro, diputada de ARENA
Se aprobó la prórroga con 56 votos de partidos oficialistas, Vamos y ARENA votaron en contra.
Siete prórrogas al Capítulo XVIII
Inicialmente, cuando se aprobó la ley se estableció que el Capítulo XVIII entraría en vigencia un año después del resto de la ley, es decir, el 1 de enero de 2022. Pero en diciembre de 2021, a propuesta de Nuevas Ideas se prorrogó el plazo hasta el 1 de julio de 2022.
Luego, el 28 de junio de 2022, a petición del gobierno, se aprobó extender el plazo de la entrada en vigencia hasta el 1 de enero de 2023. Pero en diciembre de 2022 se aprobó una nueva prórroga a la entrada en vigencia del Capítulo XVIII para el 30 de junio de 2023.
El 27 de junio del año pasado, diputados de Nuevas Ideas pidieron la cuarta prórroga para que la entrada en vigencia fuese el 31 de agosto de ese año.
Plazo que tampoco se cumplió, porque el 29 de agosto de 2023 se aprobó otra prórroga para que comenzara su vigencia en 31 de marzo de 2024.
La sexta prórroga para la entrada en vigencia del apartado de las sanciones se aprobó el 19 de marzo de este año para que entrara en vigencia el 1 de enero de 2025, plazo que tampoco se cumplirá con la reciente prolongación por un año más.
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La Asamblea también aprobó este jueves que los miembros del pleno y la presidencia del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) sigan en sus funciones hasta el 1 de enero de 2026.
En marzo de 2024 se aprobó el decreto de las Disposición Transitoria a la Ley Especial para la Inclusión de las Persona con Discapacidad que establecía que las personas que integran el CONAIPD continuaran en sus atribuciones hasta enero de 2025, pero este también se reformó con el nuevo plazo de un año.