Este 2022 ha sido clave para el gobierno del presidente Nayib Bukele en crear todo un escenario con instrumentos legales reformados para dejar servida la mesa en su objetivo de coartar la libertad de prensa y de expresión y “encarcelar a periodistas que no son dóciles” a su gobierno, afirmó Serafín Valencia, ex relator de la Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y actualmente miembro de la Mesa de Protección a Periodistas en representación de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Todos los cambios en la normativa penal son “la construcción de un escenario con todas las posibilidades para llevar a la cárcel a periodistas cuando el gobierno lo decida. Se encamina este país a un sistema de vigilancia permanente, para que en el momento que las autoridades judiciales y policiales y el presidente (Bukele) pueda dar el paso de detener y acusar a periodistas, porque la mesa está servida con esos mecanismos legales para acusarlos ante tribunales”, alegó Valencia.
¿Cómo se ha venido ejecutando este proceso?
La más reciente adenda a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones crea la figura de jueces de garantía que autorizarán las escuchas telefónicas en tan solo 4 horas. Valencia explica que los primeros indicios de coartar a la prensa a través de reformas legales vinieron de boca del propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, cuando en el caso del “asesino serial de Chalchuapa”, dijo públicamente que estaban dando seguimiento a los periodistas que investigaban la verdad detrás de decenas de asesinatos que el gobierno se resistió a revelar.
Añade que luego vinieron reformas a la Ley Contra los Delitos Informáticos que establecieron las primeras restricciones a la búsqueda de información de tipo digital.
“Esto nos recordó a los gobiernos del FMLN de intentar restringir la libertad de expresión a través de las redes sociales”, comparó también Valencia el hecho con la administración anterior.
Lo anterior solo fue el preámbulo de lo que se ha conocido posteriormente. Según Valencia, el golpe más duro fue cuando en abril pasado, la Asamblea reformó el Código Penal, para establecer cárcel para periodistas y demás personas que divulguen contenido alusivo a las pandillas.
En esa ocasión la Asamblea avaló cárcel de entre 10 a 15 años para quienes a través de medios de comunicación “reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados” de pandillas. La prohibición abarca la difusión de “textos, pinturas, diseños, dibujos y grafitis” alusivos a los grupos pandilleriles.
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En ese entonces, la APES salió al paso advirtiendo que la finalidad era poner una “mordaza y criminalizar” el trabajo periodístico.
“Esto redujo más el marco de acción en la libertad de prensa, la libertad de expresión e información. En algunos medios se dio una auto censura, se restringieron a divulgar sobre pandillas por temor a ser procesados”, manifestó Valencia.
Otra reforma al Código Procesal Penal puso la cereza al pastel, con la creación de la figura de los “agentes encubiertos digitales” conocidos también como “patrulleros digitales” o “Policía digital”.
Estos agentes pueden captar información personal y pública almacenada en cualquier dispositivo electrónico para investigar delitos informáticos. Esta medida fue cuestionada también por organizaciones de la sociedad civil, quienes vieron en ella una “legalización del espionaje”.
La más reciente modificación avalada por el oficialismo es a la Ley de Intervención de la Telefonía con la creación de “jueces de garantía” que autorizarán en 4 horas qué teléfonos se intervienen.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, expresó en su cuenta de Twitter que con esto, el gobierno ya no necesitará usar el software Pegasus para espiar.
Al respecto, Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos (TRACODA), señaló a El Diario de Hoy, que con los nuevos jueces que autorizarán las escuchas telefónicas podrán avalar el uso de Pegasus o de cualquier otra herramienta digital más potente para obtener datos de los dispositivos móviles.
Sin embargo, a criterio del experto si bien las modificaciones denotan un avance en la persecución del delito y de grupos organizados del crimen, lo que puede generar cierta distorsión en su aplicación es que se obvia el control que debe existir para estos poderes adicionales.
“A falta de controles, más poder, más herramientas, pueden derivar que se cometan abusos y a eso hay que prestarle atención, no es malo que los Estados tengan mayores herramientas para investigar, lo que sí es malo, es que no hay control sobre estas herramientas, por ejemplo, en el caso del Centro de Escuchas, se volvió inútil la fiscalización que hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y esto puede facilitar que se cometan abusos como ya se han dado en el pasado”, argumentó Palomo.