La nueva Autoridad del Centro Histórico de San Salvador propuesta por la alcaldía capitalina y los Ministerios de Turismo y de Cultura, a la Asamblea Legislativa, trae consigo una “expropiación exprés” de los inmuebles que estén en mora con la comuna capitalina, afirma la diputada Anabel Belloso, del FMLN.
“Lo que vemos prácticamente desarrollado en la mayoría del texto, a pesar de que en el discurso se dice que es para la recuperación del Centro Histórico y otras cosas más, no es que allí se describa con claridad y detalle de todo el plano qué es lo que se piensa hacer en torno a ese tema específico, sino (…) procesos de expropiación más abreviados, donde hay incluso subastas públicas o la expropiación de inmuebles a cambio de deudas que puedan tener los propietarios y la exoneración de impuestos”, aseveró Belloso.
Los legisladores de las comisiones de Hacienda y de Economía se juntaron ayer para comenzar su estudio. La discusión quedó abierta para recibir el próximo lunes 13 de marzo a los funcionarios que plantearon la moción, a fin de que brinden más detalles.
A juicio de Belloso, esta premisa de la expropiación de bienes es una de las más relevantes, así como la facultad que tendrá la Autoridad del Centro Histórico de poder titularizar, es decir, adquirir deuda comprometiendo ingresos futuros, y exonerar del pago del Impuesto sobre la Renta a los inversionistas que mejoren las propiedades de la zona considerada en el perímetro del Centro Histórico de San Salvador.
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En el proyecto de ley no se establecen cuántas cuadras o kilómetros serán intervenidos y que estarán bajo la dirección de la Autoridad, pero sí explica que la zona considerada dentro del Centro Histórico estaría señalada desde la Plaza a la Salud, frente al Hospital Rosales, hasta la plaza Gerardo Barrios, frente a la Catedral Metropolitana, cubriendo un cuadrante bastante amplio que incluyen avenidas y calles aledañas entre la 1a. Calle Poniente y Oriente hasta la 6a. Calle Poniente y la 3a. Avenida Norte y Sur, hasta la 25a. Avenida Sur y calle Arce, para cerrar el perímetro.
En cuanto a las expropiaciones de inmuebles situados en la zona descrita o subastas públicas que la Autoridad podrá realizar, a cambio de deudas con la alcaldía capitalina que preocupa a Belloso; el proyecto de ley establece en el Art. 14 inciso 2, que “se podrán indicar aquellos bienes propiedad del deudor en cantidad suficiente para hacer frente a las cantidades dinerarias adeudadas, exigibles, líquidas o liquidables en mora y no pagadas, debiendo incluir los correspondientes intereses de lo que se deba y las costas de la ejecución”.
Esta medida incluye también la aplicación de medidas cautelares. La conciliación será aplicable únicamente cuando se abone un anticipo no menor al 30% de lo reclamado y que se acredite una propuesta comprobable de pago de la cantidad adeudada, no excediendo el plazo de cumplimiento de la conciliación de cuatro meses.
Belloso explicó que habrá que hacer un estudio más cuidadoso y comparar leyes vigentes que ya regulan ese tipo de procesos. De hecho, mencionó que expropiar los bienes, tal como está planteado en la iniciativa de ley, podría reñir con la Constitución.
“Pareciera que el tema central es el tema de la expropiación bajo otros elementos que podrían reñir con la Constitución, cuando ésta es clara que deben haber indemnizaciones”, afirmó Belloso.
Nueva entidad podrá cobrar tasas municipales
La Autoridad podrá cobrar tasas municipales, según el literal g) del Art. 6 relativo a sus funciones y competencias. Este dice que podrá “determinar los cobros por la prestación de los servicios para la obtención de permisos de construcción, inspección y recepción de obras, uso de suelos y demás servicios que prestare para la consecución de sus fines”.
Podrá rebasar en sus competencias, en cuanto al cobro de multas por incumplimientos e infracciones, a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños, pero al mismo tiempo deroga esta ley. Belloso criticó que esto es contradictorio, pues la competencia que tiene la Ley de Desarrollo para cobrar por incumplimiento ahora lo tendrá la Autoridad, pero la propuesta también dice que esa ley estará derogada.
Para motivar la inversión, la iniciativa destaca incentivos fiscales como la suspensión del pago del Impuesto de la Renta durante 10 años a quienes realicen inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles por un monto de $1,000 por metro cuadrado en inmuebles que tengan un mínimo de 25 metros cuadrados y otros incentivos para actividades comerciales y turísticas, cuyo objeto sea la rehabilitación, conservación y recuperación de los inmuebles en el Centro Histórico.
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, dijo que esto puede tener detrás de sí otras intenciones. “Tiene unos ‘incentivos’ que pueden estar disfrazados de otros fines. Cherocracia, nepotismo”, afirmó.