Eugenio Chicas, exfuncionario público, fue detenido este jueves por la mañana cuando se encontraba dejando a su hijo en su centro de estudios.
En un primer momento, la abogada Ruth Eleonora López confirmó el arresto a través de su cuenta de X (Twitter). Ella publicó en su red social: "Informa familia de Eugenio Chicas que lo han detenido mientras dejaba a su hijo en su centro de estudio".
Su cónyuge también mencionó que Chicas regresaba caminando luego de dejar a su hijo en el colegio cuando le mandó un mensaje diciéndole: "me capturaron".
"Iniciamos su búsqueda porque desconocemos a dónde lo llevaron. Lo desaparecieron. Eugenio padece de hipertensión, corazón y diabetes, sin sus medicamentos no sobrevive", mencionó.
Fue a las 8:44 de la mañana que la Fiscalía General de la República confirmó la detención del exfuncionario por el delito de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la administración pública.
En el informe se señaló que "deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días".
Una de las primeras en pronunciarse fue la exdiputada del FMLN, Lorena Peña: "demandamos la inmediata libertad de Eugenio Chicas y el respeto a su integridad física y moral", publicó.
El 8 de diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia, con base al informe de la Sección de Probidad, declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Chicas por $130,768, un monto menor por el que fue acusado por la Fiscalía en 2023. En ese proceso se le negó la prórroga que Chicas solicitó para justificar los ingresos.
Fue en enero de 2023, que la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra de Chicas y su grupo familiar, por un monto total de $282,494.21. La diligencia se presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil, de la Primera Sección del Centro de esta capital.
Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exsecretario de Comunicaciones del FMLN, fue condenado civilmente por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre del año pasado. En ese fallo, se ordenó que Chicas y su grupo familiar debían reintegrar más de $202 mil dólares al Estado.
Eugenio Chicas fue declarado culpable de 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, relacionadas con depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y adquisición de bienes durante su ejercicio en varios cargos públicos, señaló un informe fiscal de ese período.
Entre sus responsabilidades, Chicas fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2009 y 2014, además de director del Registro Nacional de las Personas Naturales, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia y Diputado del Parlamento Centroamericano.
La condena incluyó una sanción económica de $173,705.57 dólares, cantidad que debería ser restituida al Estado. Además, Chicas fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años.
De igual manera, a su esposa se le reprocharon dos inconsistencias y tendría que devolver $11,282.00 dólares. Mientras que a su exesposa se le establecieron ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, en cheques y adquisición de vehículos, y tendría que restablecer $16,489.50 dólares. Y su hijo, Carlos Ernesto Chicas restituiría a las arcas públicas $1,080.44 dólares.
Chicas era testigo clave en caso de ambientalistas
La comunidad Santa Marta condenó la detención de Chicas y quien era un testigo clave de la defensa en el proceso judicial contra los líderes ambientalistas.
En un comunicado expresan que, a su juicio, la causa "real de la detención tiene que ver con represalias por la postura crítica frente a los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen autocrático".
Además, no descartan que su captura también tenga que ver con que él es un "importante testigo de la defensa en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas criminalizador por oponerse a la minería metálica".
Aumento de penas por enriquecimiento ilícito
En septiembre de 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó una reforma al Código Procesal Penal para establecer que no prescribe la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito y otros relacionados a corrupción.
El pasado 7 de febrero aprobaron la reforma al Código Penal para aumentar las penas a los delitos que cometan servidores públicos. En el caso del enriquecimiento ilícito se subió la pena de cárcel pasando del rango de tres a diez años a que sea de cinco a 15 años.
Y se le agregó al artículo 333 que “la acción penal en casos de enriquecimiento ilícito por actos de corrupción será independiente, y podrá incoarse sin ningún requisito previo de procesabilidad civil”, es decir, que podrá realizarse la acción penal de forma independiente de los procesos civiles.