La Asamblea Legislativa aprobó el martes por la noche la Ley de Retiro Voluntario para 5,000 jubilados que sigan trabajando en el Ejecutivo y empresas descentralizadas y autónomas, pero dos diputados de oposición ven una posible violación a los derechos laborales e incertidumbre de que el gobierno tenga fondos para honrar el pago de las compensaciones a quienes se acojan al decreto.
Los diputados Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, y Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, expresaron que el retiro podría deberse a que el gobierno no cuenta con fondos, considerando que el decreto establece que las plazas serán congeladas.
Además, el dinero que el Estado deje de pagar por estas plazas servirá para pagar las retribuciones que tendrán los empleados por un monto máximo de hasta $25,000.
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Si bien la medida parece sonar bien para el retiro digno de algunos trabajadores del sector público, al diputado Wright no le hacen “click” algunos criterios establecidos en el decreto legislativo.
“Hay ciertos artículos que sí me generan un poco de conflicto para poder dar mi voto plenamente y es que podrían estarse violando algunas leyes o derechos de los trabajadores, en particular con que por diez años uno de estos trabajadores no puedan optar a un cargo público. Entonces no sé si esto podría ser atentatorio contra los derechos laborales de las personas”, argumentó Wright.
Añadió que la aprobación se hizo a la ligera, sin mayor profundización y que hay ciertas inconsistencias que podrían resultar en violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
El tema de la falta de fondos o liquidez es otro aspecto que destacan Wright y Guevara. Para el primero, la medida podría ser una especie de salida del gobierno para ahorrarse millones de dólares, pese a que deberá cumplir con el pago de compensaciones de hasta $25,000.
Según el decreto, es un salario por año laborado el que será entregado a cada empleado que renuncie a su puesto de trabajo.
Además, no podrá optar a dos planes de retiro voluntario, si fuera el caso que en la institución en donde labora le ofrecen un mejor retiro, debe optar por uno de ellos, pero no puede acceder a ambos.
“Muchos análisis, informes de calificadoras de riesgo también lo dicen, que existe un problema serio dentro de las finanzas públicas, un desorden, la falta de transparencia no nos habilita para poder decir con contundencia adónde está el problema, pero para mí que este es uno de los síntomas de un gobierno que está tomando medidas drásticas para poderle hacer frente a un problema de liquidez”, afirmó Wright.
Guevara, por su parte, si bien considera que la medida es buena para los trabajadores que ya están en edad de retiro, tiene dudas de si el gobierno o las instituciones de donde saldrán estos trabajadores contarán con los fondos suficientes para honrarles su compensación.
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“En decretos anteriores y bastante similares muchas personas todavía, a más de un año, todavía están esperando esa indemnización y el Estado no ha honrado esa palabra, no ha cumplido lo que han establecido en sus decretos. Esperaríamos, y eso vamos a pedirle a esas personas que pretenden cobijarse bajo ese decreto y también al mismo Estado salvadoreño que garanticen, que den cumplimiento a lo que establece este decreto, es decir, que en los tiempos que están establecidos en el decreto puedan cumplirle a la población”, manifestó Guevara.