Sin leer públicamente su contenido, diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Seguridad Pública y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes los dictámenes para emitir las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procedimiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción” y las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado.
“Se le solicita a la parte técnica pasar a firma los respectivos dictámenes favorables. Muchas gracias diputados por este enorme trabajo en esta jornada”, dijo el diputado Eduardo Amaya.
Tampoco se dio a conocer si hubo cambios en los proyectos de decretos, pese a que tanto el fiscal de la República, Rodolfo Delgado, y la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, hicieran algunas sugerencias.
La propuesta de reforma a la Ley contra el crimen organizado incluyó que la denuncia “o cualquier información relevante y pertinente” vinculada a los delitos a los que se refiere la ley obtenida por las autoridades constituya prueba documental.
Al respecto, en la mañana de este martes, el fiscal Delgado pidió a los diputados que esa parte de la reforma no sea considerada. “Se sugiere que se mantenga la redacción de la norma vigente, ya que existen regulaciones que establecen el principio de libertad probatoria en la normativa general vigente, el Código Procesal Penal”, dijo.
Afirmó que la información que es útil y pertinente para la averiguación de los hechos criminales se incorporan por la Fiscalía en los procesos. También sugirió que se mantenga la redacción actual en cuanto a los testigos de referencia.
Realiza observaciones
La tarde del martes, la Comisión recibió a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas, quien hizo varias observaciones al proyecto de decreto y externó algunas preocupaciones.
Una parte del proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado presentado por el gobierno incluye que en cualquier fase del proceso el fiscal pueda solicitar al juez que reciba una declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos. La solicitud se presentará por escrito y el juez estaría obligado a ordenar la práctica de la diligencia “con la sola vista de la solicitud”.
“A mí, honestamente sí me preocupa esta parte, yo solo se los dejo para que lo piensen con la almohada, porque dice que quien ‘con solo la vista deberá ordenar la práctica’, ¿qué pasa si falta un requisito, qué pasa si no ha motivado? Pareciera ser que el juez como que solo va a ser pasa papeles y no va a poder valorar”,
Sandra Luz Chicas, magistrada Sala de lo Penal
Y sugirió que se mantenga la redacción de la ley vigente en el artículo 8 al que se le pretende agregar dicha disposición.
Otro aspecto que señaló con preocupación es en la incorporación de colaboradores extranjeros que podrán participar en operativos encubiertos y que el país se rige en este tema de delincuencia organizada por la Convención de Palermo.
Insisten en agrupar detenidos
Mientras que Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el fiscal general reiteraron a los diputados las peticiones reformas legales para modificar los procesos judiciales para los detenidos en el régimen de excepción.
El gobierno pidió emitir las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procedimiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que da un plazo de dos años a la Fiscalía para “agrupar” a los detenidos por estructuras criminales a las que supuestamente pertenecen en los procesos judiciales.
Villatoro sostuvo que se trata de causas judiciales con más de 900 imputados “por clica o cancha” y denominó al decreto solicitado como “un proceso transicional” y en la misma forma en que se organizaron en el territorio “de esa forma es que el Estado salvadoreño los va a procesar”, expuso.
Delgado informó que el proceso de investigación, individualización de casos, recopilación de pruebas y enjuiciamiento por el delito de agrupaciones ilícitas puede tardar hasta tres años. “Si no es que más debido a los diferentes retrasos que se dan en la tramitación de los procesos”, dijo.
En el marco del régimen de excepción, con el que se han realizado capturas masivas, se han agrupado en diferentes procesos penales y piden solicitudes de imposición de medidas. Hasta el momento, tienen 71,976 presuntos pandilleros detenidos y se presentaron 3,137 solicitudes de imposición de medidas.
“Lo que buscamos es que los grupos humanos que ya se encuentran en detención provisional y que pertenecen a las diferentes células de las diferentes pandillas se agrupen de acuerdo a la célula a la que pertenecen”,
Rodolfo Delgado, fiscal general
Aseguró que eso les permitiría usar los “mismos elementos de prueba para las personas que están ligadas entre sí” y no usarlos en diferentes procesos.