La Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa aplazó el estudio de la propuesta de Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego, pues espera contar con las voces de diferentes ministerios e instituciones públicas.
Las disposiciones transitorias tienen por objeto “facilitar el registro de armas de fuego extendiendo al interesado la matricula para tenencia, conducción y portación y colección para armas de fuego”.
La pieza propuesta por Nuevas Ideas ingresó en la plenaria del pasado 11 de junio y se envió a estudio de la Comisión de Seguridad, donde se recibió el expediente en la sesión del 12 de junio. El documento con la pieza no se encuentra disponible en el portal de la Asamblea Legislativa.
De manera inicial, la comisión programaría para el 3 de julio de 2024 la visita de los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Policía Nacional Civil (PCN). También se acordó invitar al ministro de la Defensa y al fiscal general.
La comisión sesionó este miércoles 10 de junio y se esperaba que asistiera el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; pero la comisión recibió una nota en la que el funcionario se excusó de asistir. Para el próximo martes se citó al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
De manera previa, el diputado Walter Coto exhortó a que los demás integrantes de la comisión evaluaran lo que establece el artículo 7: “Quedan excluidos de los efectos del presente decreto las personas que estén siendo procesadas o se encuentren cumpliendo penas por cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal”.
Coto alude a que los procesados no podrán hacer uso de la disposición transitoria: “¿Qué pasará si cuando termine el proceso penal ellos terminen absueltos, mientras que estén procesados no podrían tomarse en cuenta”. Y señaló que la Constitución de la República establece la presunción de inocencia hasta ser vencida en juicio.
Por su parte, la diputada Alexia Rivas expuso que una vez que sea aprobada la medida se establecerá un periodo determinado para aplicar a las mismas. De manera inicial prevé una vigencia hasta el 31 de diciembre, según Rivas.
“Si alguien no realiza el trámite para poderlo regular, una vez ya establecido el tiempo esas armas se van a considerar ilegales, ya no las van a poder utilizar y va a ser una responsabilidad que cada persona va a tener que asumir desde el momento en que no se vaya a hacer el trámite", dijo.
Según los diputados, la medida ayudaría a frenar el comercio ilegal de armas y a evitar el cometimiento de cualquier delito.
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“La iniciativa en estudio no está incentivando a que la población se arme, sino que pretende regular el control del armamento existente y que los buenos ciudadanos que poseen una la registren”, dijo el presidente de la comisión, Caleb Navarro.
La solicitud de decreto expone que se deberá comprobar que las armas de fuego que se van a registrar no representan una prueba de delito, quedando bajo la responsabilidad del ministerio de Defensa su destrucción.
Más solicitudes de indulto
La Comisión de Seguridad y Justicia también empezó el estudio de tres solicitudes de gracia de indulto; pero no se emitieron dictámenes por no haber recibido el informe de la Corte Suprema de Justicia sobre dichos casos.
Ramón Omar López Valladares, por secuestro; Juan Carlos Torres Hernández por violación de menor incapaz continuada; Joaquín Nuñez Ayala por homicidio simple son los tres casos que comenzaron a estudiar.
Los casos de indultos y ocursos de gracia son expedientes que tenían la anterior comisión de Justicia y Derechos Humanos.