La falta de credibilidad en las instituciones y el temor a represalias provocaron que una periodista salvadoreña mantuviera solo como una mala experiencia el haber sido retenida arbitrariamente, junto con otros dos compañeros, por al menos 30 elementos de seguridad nacional y pública mientras realizaban una cobertura periodística acerca de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en diciembre de 2022.
En esa ocasión la periodista, el fotoperiodista y el motorista que realizaban la labor informativa fueron retenidos durante dos horas por los custodios, policías y militares, quienes revisaron sus dispositivos de trabajo y personales y les obligaron a borrar el contenido de los mismos, pese a que se había determinado que no había ningún acto ilícito.
Tras un año de lo sucedido y en apoyo a los comunicadores, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), este 20 de noviembre, por los presuntos delitos de “violación a la libertad de prensa y detenciones arbitrarias”, señaló la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
Minutos antes de ingresar a la FGR, un policía tomó fotografías a miembros de la asociación y periodistas que habían llegado a dar cobertura a la denuncia, justificando que lo hacía para “informar a mi superior sobre la situación”.
También un trabajador armado de la Fiscalía preguntó al grupo para qué había llegado y estuvo al tanto de las declaraciones durante la rueda de prensa.
Lee más: Retención de periodista por PNC genera rechazo e indignación
“Ese es el tipo de situaciones que la APES está tratando de evitar que se produzcan en los periodistas y en los ciudadanos”, aseveró Oswaldo Ayala, jurídico de la APES.
“Ser intimidada solo por ir al CECOT es un indicador de que la libertad de prensa en El Salvador quiere ser callada. Fuimos retenidos por dos horas y solo por una orden de arriba nos soltaron”, relató la periodista mediante un documento compartido a la APES.
“Hace unos meses, el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos (Andrés Guzmán) mencionaba que los periodistas no denuncian, pues ahora estamos colocando esta denuncia para ver si en efecto hay avances al respecto”, afirmó Cárcamo.
La APES enfatizó que por razones de seguridad omitió revelar el nombre de la víctima y el medio para el cual labora, pero sí dijo que se trata de una mujer por lo que “es una revisión que estamos haciendo” al considerar aplicar en el proceso la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”.
“Hubo una limitación a su libertad más allá de los parámetros que permite nuestro Código Procesal Penal así como tratado internacional en materia de derecho de la información y libertad de expresión. En una democracia no debe haber temor de que tanto ciudadanos como periodistas deban temer a las fuerzas de seguridad o del Estado, por el contrario son ellas las que se deben al escrutinio público, al de los medios de comunicación”, agregó Ayala.
Otros casos
Durante el actual gobierno, en especial en el marco del régimen de excepción, se han registrado varios casos de retenciones arbitrarias contra la prensa. Como el episodio de dos periodistas de El Diario de Hoy que fueron retenidos por militares en la colonia La Campanera, de Soyapango, en marzo del presente año, cuando intentaban captar imágenes del ambiente de seguridad en esa urbanización.
También, un fotoperiodista de este mismo medio fue retenido por policías a las afueras del hospital Rosales, en mayo pasado, mientras intentaba tomar imágenes de los avances de la obra de dicho centro asistencial; asimismo, militares y policías obligaron a un fotoperiodista de este periódico a borrar los archivos de su equipo durante una cobertura en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, a inicios del régimen de excepción, en marzo de 2022, .
Entre otras intimidaciones de policías como “te puedo remitir” o “te puedo aplicar el régimen”, cuando los periodistas han dado cobertura a las afueras de delegaciones de la PNC o centros penitenciarios mientras eran personas eran llevadas o en caso contrario, cuando eran liberadas luego que se determinó su inocencia.
“Solo en este año, entre enero y septiembre de 2023, la Asociación registró alrededor de 270 casos de vulneraciones a periodistas, un número muy alto en comparación, por ejemplo, con 2018 en el que hubo 65 vulneraciones”, detalló la presidenta de la APES.
Según la gremial, están a la espera de información sobre las denuncias sobre el caso Pegasus, interpuestas a finales de 2022, en el que unos 20 periodistas fueron afectados, sin embargo no ha habido información sobre el avance de las investigaciones. Lo mismo ha sucedido con los avisos sobre el hackeo de cuentas de WhatsApp de otros periodistas, a inicios de 2023.
“Vemos con preocupación la falta de accionar de una entidad que debería procurar las investigaciones y de garantizar derechos tan fundamentales, en una democracia, como el del ejercicio periodístico y la libertad de prensa y expresión, algo que no estamos viendo en este contexto”, señaló Cárcamo.
“La Fiscalía podría mostrarse pasiva, como lo ha mostrado en otros casos, pero creemos que hay que agotar las instancias. Esta es una oportunidad para demostrar que está interesada en proteger los derechos de los ciudadanos”, dijo con escepticismo el relator de libertad de expresión de la APES, Gabriel Labrador.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reciente 79a. Asamblea General, apuntó que “los gobiernos del hemisferio están fallando en la promoción de los valores republicanos de una prensa libre".