La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este jueves 10 de agosto de 2023 una posible criminalización del ejercicio periodístico y de periodistas por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, a raíz de una publicación en la que el mandatario los señala dentro de una supuesta investigación del Organismo de Inteligencia del Estado contra su exasesor de seguridad, Alejandro Muyshondt.
El pasado 9 de agosto el presidente divulgó en la red social de Twitter información de supuestas investigaciones que afectan a su gobierno y a miembros de su partido Nuevas Ideas, en el marco de una campaña anticorrupción. Eso en seguimiento al caso de los señalamientos que hizo Muyshondt contra el diputado Erick García.
Muyshondt fue arrestado por revelación de hechos, actuaciones o ducmentos secretos por empleado oficial; mientras que García enfrenta un proceso de antejuicio para determinar si se le retira el fuero constitucional para ser procesado penalmente por el delito de falsedad ideológica.
“El Organismo de Inteligencia del Estado, descubrió que el señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019, habría trabajado para el ex presidente Mauricio Funes, y que dentro de esas operaciones, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados, a los periodistas Sergio Arauz, Bryan Avelar y Héctor Silva Ávalos, además de a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países”, publicó Bukele.
Sobre estas declaraciones, la APES las califica como “un acto deliberado e irresponsable” por parte del mandatario al señalar a los periodistas Bryan Avelar, Héctor Silva Ávalos y al directivo de la Asociación, Sergio Arauz, de haber recibido información confidencial, “dejando entrever” que eso podría suponer un delito.
“Desde la Asociación, señalamos que el pronunciamiento del presidente funciona como una amenaza tácita a un eslabón imprescindible de la libertad de prensa: las fuentes de información. Criminalizar a funcionarios y empleados públicos por sospechas de que han conversado con periodistas nos acerca más a sistemas de gobierno totalitarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde el disenso se castiga con la cárcel”,
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Además, destaca que la prensa tiene como norma general la reserva de la identidad de sus fuentes de información “y que un gobierno democrático está en la obligación de respetar dicho derecho”, el cual está protegido en el artículo 206 del Código Procesal Penal, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
“Para la APES este tipo de señalamientos contra periodistas son un paso más a la consolidación de un estado policial y dictatorial que, ante revelaciones de corrupción, utiliza todos los recursos a su disposición para perseguir a cualquier empleado o funcionario público sospechoso de compartir información que exponga el funcionamiento de la maquinaria de saqueo del erario público que funciona con total impunidad en este Gobierno”, enfatiza la Asociación.
También considera como preocupante que el manejo de información reservada se centralice en una persona, en este caso el presidente, “y a conveniencia decide cuándo desclasificar dicha información”, dado que en la misma publicación el presidente indicó que había desclasificado la información mencionada.
La APES condenó, además, el desmantelamiento del sistema de transparencia con la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la anulación de los mecanismos de contraloría del gasto público.