La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Cristosal presentaron este martes una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas que penalizan hasta con 15 años de cárcel a quienes divulguen mensajes alusivos a pandillas a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales.
De acuerdo con los demandantes, las recientes enmiendas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa son "mordaza" y "criminalizan al periodismo" en su cobertura sobre pandillas, así como vulneran el derecho de información a la ciudadanía.
"Se estaría criminalizando el periodismo y precisamente es una de las razones por las cuales APES nos ha acompañado y hemos formulado esta demanda en manera conjunta", dijo Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal.
En el recurso entregado en la recepción de la Sala de lo Constitucional, la APES y la organización de la sociedad civil pidieron, además "una medida cautelar para que se suspenda los efectos que puedan producirse a partir de la entrada en vigencia de esta reforma, porque pudiera vulnerar el derecho a la información, a la libertad de expresión y podría implicar una penalización contra el periodismo", explicó López.
Según la abogada, en el documento exponen "tres motivos de inconstitucionalidad" de las reformas penales al considerar que riñe con la Constitución de la República.
Uno de los motivos que planteó es de forma que es por no cumplir el debido proceso establecido en el artículo 140 de la Carta Magna, el cual mencionó que estipula que "toda ley de carácter permanente" debe entrar en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y no de inmediato como ha ocurrido con esta y otras modificaciones en el marco del régimen de excepción.
Añadió que las otras dos razones son de fondo "al promover una limitación absoluta de derechos, particularmente sobre el ejercicio periodístico" y a la libertad de información que tiene la ciudadanía, así como "por utilizar términos jurídicos indeterminados como zozobra, por ejemplo, que no se establece qué significa y esto podría conllevar a que con un manipulación gubernamental pueda controlarse el discurso desde las mismas redes, la misma actuación del gobierno y que implique los periodistas puedan verse acusados por la comisión de un delito en este caso".
"Es una violación clara al artículo 6 de la Constitución, esta prácticamente es una ley mordaza porque está impidiendo a medios de comunicación, incluso a ciudadanos por cualquier medio que puedan divulgar alguna información de la realidad nacional que tiene que ver con las pandillas", expresó Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal.
Aunque para López del actuar de la Sala "se espera muy poco, sobre todo por el carácter que tiene de ilegítima, sin embargo es necesarios ponerla a prueba y aspiraríamos a que la Sala de lo Constitucional al menos por esta vez haga una reflexión sobre todo sobre esta inconstitucionalidad de fondo y de forma que se están planteando".
La opinión fue secundada por César Fagoaga, presidente de la APES, al sostener que "es importante sentar un precedente, aunque nuestras expectativas son limitadas, ya que se trata de una Sala de lo Constitucional Espuria... Tenemos que agotar las instancias nacionales antes de proceder a otro tipo de instancias internacionales".
"Reformas ambiguas"
López advirtió de que algunos diputados han intentado "desvirtuar la interpretación que justamente se hace desde la sociedad civil , que se hace desde el gremio de los periodistas y que han hecho, incluso, las organizaciones internacionales a partir de minimizar los efectos que pueda tener esta reforma".
Tanto, Cristosal como la APES coinciden en que las reformas son ambiguas y por lo tanto quedarán a discreción de la interpretación de los juzgadores en momentos en que señalan no hay independencia judicial al estar este órgano del Estado controlado por el Ejecutivo.
"Una cosa es que lo que el legislador haya querido decir y otra es cómo el aplicador pueda establecer estas reformas, pero más por interpretar esta reforma y esencialmente en un país donde no hay un Estado de derecho", indicó López.
El presidente de la APES señaló que la ambigüedad de las enmiendas, incluso, ha llevado a periodistas en las salas de redacción a preguntarse: "¿puedo publicar esto o no puedo publicarlo?, quiero saber si de repente publico una imagen de un pandillero, por ejemplo, de los que están detenidos, ¿estoy violando la ley o no?".
"Las reformas son ambiguas y cuando uno escucha a los diputados lo que escucha es que quieren hacer es criminalizar a los que estamos informando, es irónico que lo que se quiera aquí es criminalizar al periodista y al pandillero tratarlo casi con guantes", apuntó.
Agregó que "al ser tan ambiguas estas reformas, la gente no sabe cuáles son los alcances de las publicaciones, porque este no este un tema legal sino político que va a depender del aplicador de justicia, jueces que responden al oficialismo en determinar si lo que publicamos viola alguna ley o no".
Periodistas salen del país tras amenazas
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también confirmó durante la conferencia que cuatro periodistas salieron del país por presuntas amenazas.
"APES está preocupado, no es fácil para ninguna persona salir de su país, sobre todo para un periodista seguir informando la realidad del salvadoreño es difícil, pero también es cierto que no hay garantías para seguir trabajando con normalidad", expresó César Fagoaga, presidente de la APES.
El gremio se reservó la identidad de los periodistas por seguridad.
#EnVivo | La Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal presentan demanda de inconstitucionalidad por reformas que criminalizan coberturas de prensa sobre pandillas.
Más información: bit.ly/3uTDaj9
Posted by elsalvador.com on Tuesday, April 19, 2022
Diversas voces nacionales e internacionales han rechazado las reformas penales al señalar que no solo imponen “mordaza” a los medios de comunicación y periodistas, sino que “limita las opciones de información” que tiene la ciudadanía para conocer sobre la situación de seguridad pública en el país.
Las enmiendas fueron avaladas el pasado 5 de abril en el marco de un régimen de excepción que aplica el gobierno en El Salvador desde el pasado 27 de marzo tras un repunte de violencia.