Diferentes organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante la aprobación en el pleno legislativo de la Ley para la Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, la cual, consideran, atenta contra la libertad de prensa y de expresión.

A través de un comunicado firmado por Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas del Salvador (APES), Cristosal,  la Asociación Tracoda, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señalan que los decretos aprobados el 12 de noviembre "establecen nuevas obligaciones para los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, para quienes ejercen el periodismo la investigación, en el marco del derecho a la contraloría social".

Señalan que la normativa obliga a eliminar datos personales, "lo cual permitiría  a  cualquier funcionario o actor con poder político o económico poder exigir a una organización o a un medio de comunicación borrar los nombres y apellidos de personas señaladas por cometer actos de corrupción, por considerar que lo publicado es inexacto, desactualizado o incompleto, aún si existen indicios corroborables".

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Los firmantes ven con preocupación que se faculte a una entidad bajo el control del Ejecutivo como la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), la cual es creada mediante la misma ley, para "decidir que es inexacto, desactualizado o incompleto". A su juicio atribuciones como estas solo abren la puerta a la arbitrariedad

Asimismo cuestionan que las nuevas leyes sí obliguen a medios de comunicación, y no a instituciones como la Policía Nacional Civil, "una de las principales instituciones señaladas por abusar de los datos personales contenidos en fichas fraudulentas usadas en la detención de miles de personas inocentes".

Para el caso de la micro y pequeña empresa que trabajan con datos personales, añaden, deben nombrar personas delegadas de protección de datos, lo cual consideran viene a incrementar los costos de operación.

Las organizaciones piden al presidente Bukele vetar los decretos aprobados por atentar contra la libertad de expresión y de prensa.

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Asimismo piden a la Asamblea Legislativa permita la participación de la academia y otros actores claves para mejorar la redacción de los decretos y legislar por un marco legal que proteja los datos personales sin poner en riesgo la libertad de expresión, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción.