Ante capturas en régimen de excepción, la comunidad del Bajo Lempa cambió su lucha

“Reunidos y unidos liberaremos cada caso. Reunidas y unidas, hasta darles el abrazo”. Es la frase que repiten los familiares de detenidos durante el régimen de excepción, en cada concentración que organizan en el Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután para exigir la liberación de sus parientes. Más de una veintena de comunidades se han organizado para denunciar capturas arbitrarias en la zona.

Guadalupe Moreno, de 58 años, integra ese comité. Ella es una de las mujeres que una vez a la semana se reúne junto a otros familiares para exigir la liberación de su hijo y su nuera, ambos jornaleros de la comunidad El Zamorano, quienes fueron detenidos en abril de 2022, cuando la Asamblea Legislativa recién había aprobado el régimen de excepción que anuló garantías constitucionales para contener una matanza provocada por el fin de un acuerdo entre el Gobierno y las pandillas.

Guadalupe está acostumbrada a la organización porque luchó dentro de la guerrilla, conformada por civiles que se enfrentaron contra el Ejército en la guerra civil salvadoreña. Durante el conflicto, fue parte de las mujeres que curaban a los heridos. Y aunque el tiempo ha pasado, ahora ayuda con otras heridas: las que está dejando en algunas familias el régimen de excepción.

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“Entre nosotras nos damos la fuerza para seguir adelante en este proceso. Sólo nosotras sabemos lo doloroso que es no poder hacer nada por nuestros hijos, hijas, parejas, madres, padres, familiares. Y ayudarnos a sanar para continuar luchando es fundamental”, dice Guadalupe.

Según ella, su hijo fue capturado sin ninguna justificación: “Yo después de ese día quería morirme, no sabía qué hacer. Me entró una angustia y una impotencia tan grande al ver que mi hijo estaba sufriendo algo que no debe”, afirma.

El régimen de excepción, bautizado por el Gobierno como “guerra contra las pandillas”, es aceptado por la mayoría de la población, según las encuestas, pero existen miles de denuncias de abusos e ilegalidades. Organizaciones sociales registraban hasta octubre 5,775 víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Amnistía Internacional concluyó recientemente que el Estado salvadoreño ha cometido torturas en las cárceles hasta provocar la muerte de detenidos. A la fecha, 190 reclusos murieron dentro de los penales, según dicha organización.

El comité del Bajo Lempa, al que pertenece Guadalupe, se ha convertido en un espacio de apoyo para los familiares en más de 180 casos en los que los residentes del Bajo Lempa aseguran que sus familiares fueron “capturados injustamente” en más de veinte comunidades.

“Mi nuera fue la primera que se metió al comité y después que ella fue capturada me metí yo para verlas por mi hijo y ella. Somos un colectivo de familiares de personas detenidas arbitrariamente. Acá nos conocemos entre todos y sabemos a quiénes defendemos”, asegura Guadalupe.

Una zona de defensores

Salvador Ruiz, líder de las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa y uno de los líderes que inicio el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen del Bajo Lempa, relata que los habitantes de esa zona vivieron la represión militar durante el conflicto armado y ahora están bajo el asedio del Ejército, en el contexto del estado de excepción.

Y aunque Salvador, o “Chamba” como es conocido en las comunidades, no tiene familiares capturados, es uno de los más activos en el movimiento para la defensa de quienes han sido detenidos desde marzo de 2022 que inició el régimen.

Él explica que como comunidades organizadas vieron una gran necesidad de unificar a los familiares de detenidos y luego de realizar acciones para defender a los capturados que fueron sacados de sus casas por militares.

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“Ha quedado demostrado durante el conflicto armado, y ahora, que militarizar el país simplemente nos lleva a violentar la vida de las comunidades y de los derechos humanos de la población más empobrecida en estos territorios. Nosotros lo hemos comprobado, se ha vivido durante el conflicto y lo estamos viviendo ahora”, enfatiza Salvador.

El líder comunitario considera que la militarización y el régimen de excepción no son el camino para mantener la paz, porque en las comunidades se mantienen las injusticias y la exclusión. “Nosotros hemos venido diciendo que el Bajo Lempa ha sido un territorio olvidado por las políticas estatales y ahora se culpa a la juventud de haber sido penetrada por las pandillas, y se quiere revertir esta violencia con el garrote”, señala.

Tanto Guadalupe como Salvador conocen a varios familiares de capturados y a los pocos que han logrado salir libres. Ambos integrantes del comité están convencidos de que es necesaria la organización para poder enfrentar las arbitrariedades que, según ellos, las autoridades han cometido en la zona. Creen que pueden ayudar en cuestiones muy prácticas, como compartiendo información sobre liberaciones o sobre los avances en los procesos jurídicos.

Guadalupe recuerda el día que María, una jornalera que ha vivido casi toda su vida en una de las comunidades del Bajo Lempa, llegó a su casa después de pasar un año y quince días capturada: “María me dio un abrazo que jamás voy a olvidar en mi vida. Cuando vi que estaba libre fue un momento esperanzador para mí, porque estamos luchando para que todos salgan”, agrega.

María fue capturada junto a otras dos mujeres y un hombre de la misma comunidad. De esas cuatro capturas, dos personas ya fueron liberadas. Para Guadalupe, esto es una prueba de que muchas de las capturas solo han servido para inflar las estadísticas policiales.

El régimen ya fue prorrogado 21 veces y, según las cifras gubernamentales, ya van cerca de 100 mil capturados.

María está entre los pocos casos de personas que han logrado salir de los penales. Y ahora, otros miembros del comité ven en ella una esperanza de que sus familiares puedan salir.

María ha regresado a su antiguo trabajo, pero solo en la cooperativa donde ella trabaja hay más de veinte jornaleros que todavía siguen presos, esperando que sus casos sean resueltos.

Agricultores, jornaleros, albañiles, amas de casa, vendedores informales y líderes comunitarios forman parte del registro de capturados que tiene el Comité de Familiares Víctimas del Régimen del Bajo Lempa. El Comité lleva meses tratando de demostrar que la lista está conformada por habitantes que no tienen relación con pandillas.

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Son los mismos vecinos quienes enumeran quiénes, según ellos, fueron detenidos de forma arbitraria. Hay quienes se atreven a mencionar nombres para defender a los detenidos. Hay otros que, por miedo, mejor se mantienen al margen, pero en su mayoría aseguran que la sombra del régimen se ha llevado a algunas personas que no pertenecían a ninguna agrupación delictiva.

“Esa lista se queda corta porque hay quienes por miedo no quieren formar parte. Y aunque nosotros estamos haciendo conciencia, no cabe duda que el régimen de excepción lo que quiere es debilitar el trabajo organizativo de las comunidades. Porque si defiendes los derechos humanos corres el riesgo de que te lleven preso porque estás en contra del Gobierno”, opina Salvador Ruiz sobre el panorama.

La diferencia de organizarse

El Bajo Lempa es un territorio de 870 kilómetros cuadrados que, según un estudio de 2004, tenía entre treinta y cuarenta mil habitantes distribuidos en comunidades divididas entre los municipios de Tecoluca y Jiquilisco. Es una zona habitada por excombatientes y desplazados por el conflicto armado en la década de los ochenta, en su mayoría afines al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En las pasadas elecciones municipales en Jiquilisco, aun siendo un bastión rojo, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el aliado de Nuevas Ideas con el que el presidente Nayib Bukele llegó a la presidencia, ganó la alcaldía. Mientras que la de Tecoluca es gobernada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

En el caserío La Noria, la Policía también detuvo a José Duval Mata, un joven de 26 años que trabaja como tractorista en la Cooperativa “Hermanos Borgonovo”, en la hacienda “La Haciendita”. Él es el tercero de seis hermanos. Es el sostén de su esposa, de su hija de tres años y una que todavía no conoce. A él lo acusaron de agrupaciones ilícitas y de ser colaborador de pandillas.

“Él venía de trabajar, como a las cinco de la tarde, cuando me lo agarraron en la calle hacia La Noria. Le llamó a su esposa para decirle que lo habían agarrado y que le iba a mandar la moto, el teléfono y la cartera con un conocido”, relata Marcela Alvarado, madre de José, quien ha esperado más de un año y medio por justicia, pero no ha obtenido resultados.

Marcela no tiene mayor explicación de porqué las autoridades trasladaron a su hijo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en San Vicente, si tiene dos cartas de libertad donde textualmente un juez le ordena a Centros Penales “PONER INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD”, en mayúsculas.

“Mi hijo tiene dos cartas que respaldan que es inocente y no lo dejan libre. Yo me siento como encarcelada igual que mi hijo al no poder hacer nada por él”, asegura Marcela, entre lágrimas.

La madre de José siente un gran apoyo por parte del Comité, cuyos miembros, según dice, la han acompañado y asesorado. Ella espera mantener su lucha hasta que su hijo pueda recobrar la libertad.

Según Salvador Ruiz, el líder comunitario, el 5 de mayo de 2022 fue la primera ocasión en la que el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa presentó solicitudes de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la cual hasta el momento no tienen ninguna respuesta favorable. Hasta la fecha, han acompañado más de 134 casos para comprobar la inocencia de los detenidos.

Para el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal, el acompañamiento a las comunidades responde a la organización de los mismos habitantes del Bajo Lempa. Afirma que han tomado acciones tanto legales, así como visibilización de casos, que difícilmente si los afectados lo hicieran en solitario tendrían el mismo alcance.

El abogado es consciente que la Sala de lo Constitucional se ha dedicado a declarar improcedentes o inadmisibles todas sus peticiones, aunque, según él, tengan la documentación que comprueban que los capturados son víctimas.

Pero pese al muro legal con el que se han encontrado, resalta la valentía de la comunidad para alzar la voz para defender a sus familiares capturados.

“Ester” (nombre ficticio), quien fue capturada en su casa luego de que policías y soldados llamaron a la puerta, dice que quienes no han vivido una captura injustificada no saben lo doloroso que es. Asegura que el día de su captura los policías se fueron después de inspeccionar su casa, y cinco minutos después, unos soldados se saltaron un muro y le ordenaron abrir nuevamente.

Ester recuerda cómo fue acusada y tratada de pandillera. Pasó 13 meses de su vida detenida, pese a que los mismos policías de la delegación de la zona sabían del trabajo que como lideresa realizaba. “Aquí se les ha detenido por colaboradoras de pandilla”, recuerda que le dijeron.

Ahora Ester está libre, pero su vida no ha vuelto a ser la misma. Y aunque con temor colabora con el Comité, trata de hacerlo pasando desapercibida, ya que su proceso continúa y teme volver a ser capturada. Su carrera universitaria, experiencia laboral, su trabajo comunitario y la dolorosa experiencia de una captura injustificada le permite poder ayudar a otros familiares.

Y aunque el Comité no cuente con fondos para ayudar económicamente en cada caso, sí tiene las herramientas para asesorar a los familiares de los detenidos. Les brindan apoyo psicológico, intercambian experiencias para no ser estafados, y buscan el acompañamiento de otras organizaciones que velan por los derechos humanos.

Celia Márquez, de 53 años, es madre de Miguel Marquez, de 24 años, un agricultor capturado en su casa el 24 de abril de 2022, en la comunidad Nuevo Amanecer.

Manuel Martínez es el padre de Elías de Jesús Martínez, de 23 años, un agricultor y futbolista capturado en la cancha de la comunidad La Noria, el 26 de marzo de 2022.

Humberto García es hermano de Mauricio García, de 30 años, un agricultor y ayudante de barbería capturado el 13 de junio de 2022, en la cancha de fútbol de la comunidad La Noria.

Daysi Beatriz espera justicia, junto a sus hijos, para su pareja José Modesto Mejía, un albañil y agricultor capturado el 24 de abril de 2022.

“Cada uno tiene su historia, pero como comunidad vemos la necesidad de apoyarnos para que un día puedan tener la libertad, y que este Gobierno se de cuenta de que fueron capturados solo por llenar números y no porque en realidad fueran pandilleros; pero acá estamos sus familiares para luchar hasta donde podemos, sin rendirnos”, finaliza Guadalupe Moreno, quien espera que un día su hijo pueda vivir la libertad en la que ella creyó y por la que luchó durante el conflicto armado.