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"Eliminaron el aparataje anticorrupción con tal de protegerse", afirma Eduardo Escobar

El 1 de mayo de 2021 se perdió mucho más que la independencia de la Fiscalía, afirma el director de Acción Ciudadana. Ese día, se perdió la idea de que las acciones de los funcionarios tienen consecuencias.

Por Ricardo Avelar | May 07, 2022- 18:16

Diputados de Nuevas Ideas y Gana aplauden al director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, después que la PNC se tomara el edificio de la Corte Suprema de la Fiscalía para permitir la entrada de Rodolfo Delgado el 1 de mayo 2021. Foto EDH/ Jessica Orellana

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, recuerda que antes del 1 de mayo de 2021, había investigaciones sobre corrupción en gestiones anteriores y en la actual en curso. Además, señala que el apoyo de CICIES suponía un significativo avance en un sistema que no era el más sólido, pero iba despertando. Todo eso, sin embargo, se detuvo con la destitución del entonces fiscal Raúl Melara y con la imposición de Rodolfo Delgado, lamenta.

“Hay que advertir que no es que antes de la destitución de Melara tuviéramos un fuerte sistema de prevención e investigación de la corrupción pero se estaba haciendo esfuerzos y encaminando este apartare anticorrupción en algunos sentidos”, afirma.

Las implicaciones que podía traer al gobierno actual si esos casos seguían su curso fueron las que motivaron al golpe del 1 de mayo, a criterio del director ejecutivo de Acción Ciudadana. “Esa ruta, esa base (de combate a la corrupción) que se estaba construyendo se vino abajo. La eliminaron con tal de protegerse”, señala Escobar.

Un año del golpe que concentró todo el poder en la presidencia

Desde ese día, además de la remoción del fiscal, inició un proceso en que se blindó las posibles irregularidades cometidas en pandemia (Ley Alabí), se desmanteló a la CICIES, se debilitó la estructura anticorrupción de la Fiscalía y se dejó de investigar los casos que el fiscal tenía en proceso sobre posible corrupción.

Un cambio cultural

Escobar destaca que antes del golpe, los funcionarios públicos iban adaptándose a una realidad incómoda para ellos: que entregar información de sus acciones no es una opción, sino una obligación. “Los funcionarios se estaban cuidado de verse involucrados en hechos de corrupción porque se tenía un mínimo de posibilidad e que se su acto de corrupción saliera a la luz, fueran investigados y a juicio”, señala.

Además, indica que en algún momento, cuando termine el desbaratamiento de la democracia, “se deberá volver a comenzar casi de cero en construir esa experiencia” y ese aparataje anticorrupción que casi se logra instalar en el país.

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