“¡CICIES, CICIES, CICIES!”, se escuchaba gritar a la multitud apostada en la Plaza Gerardo Barrios, del Centro de San Salvador.
Frente a ellos, Nayib Bukele daba su primer discurso oficial como el recién juramentado presidente de la República, aquel sábado 1 de mayo de 2019.
En su discurso, Bukele habló de dar un salto hacia el futuro. Habló además de una medicina amarga para un país al que comparó con un niño enfermo. Ese día también prometió ser el presidente de “todos los salvadoreños”. Pero frente a él, la audiencia gritaba emocionada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que el mandatario anunció como una de sus promesas clave para erradicar la corrupción.
LEE TAMBIÉN: La destitución de jueces y fiscales fue un segundo golpe al poder judicial
El gobierno de Nayib Bukele ascendió al poder con tal popularidad en gran parte debido a la indignación por la visible corrupción de las administraciones pasadas. Y su promesa estrella, una comisión con apoyo internacional para desenmascarar los abusos del pasado, daba fe de su aparente compromiso con la rendición de cuentas.
Compromiso que siguió con la pronta instalación, tres meses después, de la CICIES con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y si bien esta entidad generó dudas por su cercanía con el Ejecutivo, empezó su trabajo y logró dar resultados: presentó a la Fiscalía datos de posible corrupción en el gobierno actual, particularmente en el contexto de la pandemia de covid-19.
Casi dos años después, esa comisión fue desmantelada sin mayores explicaciones. Y así, sin pompa, aplauso o gloria, la CICIES culminó un mandato que duró poco más de 20 meses. El desmontaje de esta entidad, la joya de la corona proselitista, se remonta al fatídico 1 de mayo de 2021. El día en que los diputados que responden a Nayib Bukele dieron un golpe y destituyeron de forma ilegal a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Día en que murió la gran promesa de combatir la corrupción viniera de donde viniera.
TE PUEDE INTERESAR: CICIES ha enviado 12 casos de posible corrupción a la Fiscalía
“Yo mismo me voy a encargar de meterlo preso”
El presidente Nayib Bukele ha sido muy astuto para usar la corrupción del pasado como una suerte de bandera y compromiso de su plataforma política. En una cadena nacional al inicio de la pandemia de covid-19 incluso amenazó a sus funcionarios que se involucraran en mal uso de recursos. “Al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso, más si lo hace durante esta pandemia”, advirtió Bukele el 27 de mayo de 2020.
“Les he dicho a mis funcionarios, en público y en privado, que al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso, más si lo hace durante esta pandemia. Para eso necesitamos auditorías, por ello trabajamos con la @OEA_CICIES y la @CortedeCuentas”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/6bgbMxJ1ch
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) May 28, 2020
En noviembre de ese mismo año, la unidad anticorrupción de la Fiscalía ordenó allanamientos en el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado a raíz de supuestos avisos de presunta corrupción presentados por CICIES. Esto, después de meses de numerosos reportajes de compras amañadas o con sobreprecio para hacer frente a la pandemia.
Y el 7 de abril de 2021, el entonces comisionado internacional anticorrupción, Ronalth Ochaeta, anunció ante un nutrido grupo de periodistas que habían remitido a la Fiscalía General de la República al menos 12 casos de posible corrupción. Es decir, Melara se encontraba investigando al gobierno de Bukele. La CICIES estaba dando resultados y por ello, el gobierno de Estados Unidos comprometió una donación adicional de $2 millones para garantizar la operación e independencia financiera de la comisión.
NOTA RELACIONADA: Un año del golpe que concentró todo el poder en la presidencia
Pero todo se derrumbó. El 1 de mayo de 2021 los diputados que responden a Bukele destituyeron sin respetar el proceso legal al entonces fiscal general Raúl Melara, al fiscal que los investigaba. Y de manera acelerada, también sin seguir lo que la ley prevé, impusieron a Rodolfo Delgado, quien acompañado de policías fuertemente armados irrumpió horas después en la sede del Ministerio Público en Santa Elena.
REGRESAR A PORTADA