El 1 de mayo de 2021, el oficialismo no solo se sacudió a un fiscal general que se encontraba investigando posibles actos de corrupción en la gestión actual. Poco después, la alianza oficialista nombró a Rodolfo Delgado en su lugar.
Sin respetar el proceso para quitar y luego nombrar a un fiscal general, sin entrevistas previas y sin justificar su decisión, los diputados designaron en tiempo récord a Delgado. Horas después, ya en la madrugada del 2 de mayo, ingresó junto a agentes de la Policía a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Elena.
Y así, de madrugada y bajo la torrencial lluvia, se consolidó el golpe que los diputados dieron al Estado de derecho en su primer día de trabajo. Un golpe que no solo le evitó al oficialismo la incomodidad de un fiscal que investigaba sus gestiones, sino la imposición de uno que se convirtió en una amenaza para todo aquel que disiente, critica o cuestiona al gobierno de Nayib Bukele.
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Y es que un fiscal no solo investiga hechos dentro del Estado. También tiene la potestad de iniciar la acción penal contra cualquier ciudadano de la República. Para un gobierno alérgico a las críticas y al disenso, tener un fiscal afín es la oportunidad de amenazar con persecución a aquel que resulte incómodo para la narrativa oficial.
Gobernar sin frenos, impunidad y silencio. Esos parecen haber sido los resultados del golpe del 1 de mayo, cuando en pocas horas El Salvador perdió la Sala de lo Constitucional y el fiscal general legítimamente electos y vio ascender de manera exprés a personajes cuya prueba de idoneidad se limitaba a que eran los designados por el oficialismo. Sin más justificación o procedimiento que el de tener los votos suficientes. Votos alcanzados en democracia, pero utilizados para pervertir y asaltar a la misma democracia.
La persona incondicional
Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, considera que el objetivo del golpe no solo era sacudirse a una persona incómoda, sino imponer a la incondicional.
“Uno de los mecanismos que utiliza un agente corruptor es colocar a personas incondicionales en posiciones de control para evitar ser llevado ante la justicia, que también ha sido doblegada en buena medida”, lamentó la abogada y experta en transparencia.
Bajo Delgado, la Fiscalía dejó de investigar los al menos doce casos de posible corrupción remitidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Además, suspendió el convenio con la Organización de Estados Americanos para cooperación con la CICIES. También se trasladó de cargo al fiscal a cargo de la unidad Anticorrupción, Germán Arriaza, quien poco después presentó su renuncia y abandonó el país. Arriaza se encontraba investigando posibles negociaciones del gobierno con las pandillas, según un reportaje de la agencia Reuters.
Además de este desmontaje institucional, Ruth López señala que “desde la FGR se puede criminalizar a cualquier persona que resulte incómoda para el poder o que se convierta en un riesgo ante el control de la información y la narrativa que posee el gobierno”.
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La abogada de Cristosal lamenta que el nuevo fiscal, quien fue reelecto en su cargo el 22 de diciembre de 2021, “se atreva a amenazar sin tapujos” a quienes le critiquen o cuestionen.
López recuerda que en una entrevista en abril del presente año, Delgado aseguró que cuestionar a la autoridad pública es contrario a la ley. “Han intentado señalar, cuestionar incluso las acciones de la Policía Nacional Civil, de la Dirección General de Centros Penales, han intentado cuestionar todas las acciones de inteligencia que sirven para recabar información y eso es contrario a la ley”, dijo el Fiscal en su momento.
Cierre del espacio cívico
Wilson Sandoval, abogado y experto en transparencia, explica que la Asamblea Legislativa que controla el presidente ha emitido leyes que coartan la expresión de la ciudadanía. Entre ellas, la formalización de patrulleros digitales que pueden intervenir las comunicaciones o la reforma que establece penas de cárcel a periodistas que publiquen información producida por las pandillas, entre otras. Estas son “herramientas que le servirán a la Fiscalía como instrumentos políticos para cerrar espacios cívicos”, sostiene.
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“Se ha creado una serie de instrumentos legales en la Asamblea que en manos de un fiscal no independiente son herramientas para perseguir activistas de derechos humanos, medios, personas que disienten”, enfatiza el experto.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, resume el rol del fiscal Delgado como una persona sin independencia para ejercer su cargo. Por ende, ve previsible que responda a los intereses del gobierno y del partido Nuevas Ideas.
El fiscal “está en contra de todas las voces disidentes que señalan abusos en el poder” dentro de las organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, añade.
Escobar recuerda que en contra de la sociedad civil ya ha emitido pronunciamientos lesivos, como haber estado a favor de la ley de agentes extranjeros. “Ahí hay una evidencia clara del posicionamiento del fiscal ante las organizaciones de la sociedad civil”, lamentó.