El 1 de mayo de 2021 el presidente Nayib Bukele prácticamente se apoderó del Poder Judicial. Lo hizo a través de un decreto legislativo aprobado por su partido Nuevas Ideas en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa. El mismo mandatario defendió a capa y espada la decisión, bajo el argumento de que estaban “limpiando la casa”.
Desde aquel movimiento político, considerado un golpe al Órgano Judicial, ha corrido mucha agua bajo el puente y toda esa corriente se ha llevado varios pilares democráticos que se había logrado construir a partir de la firma de la paz.
Gabriela Santos, directora de la Licenciatura en Derecho de la UCA, resume de alguna manera lo que ha quedado de este tipo de decisiones, cuando dice que en el país ya no existe una independencia de poderes y que hay una orden desde la Presidencia de la República de “cómo ejecutar el poder”.
Sobre la Asamblea Legislativa dice que está claro que “trabajan bajo el mandato del Órgano Ejecutivo, sin debate ni discusión, que es propio de una Asamblea Legislativa...” y remata con esto: “El Órgano Legislativo no está para cumplir órdenes del Ejecutivo”.
El otro “problema” que ella ve es que no hay control del ejercicio del poder, ya que si antes veíamos cercanía entre Asamblea y Ejecutivo, estaba el Órgano Judicial, que funcionaba de alguna manera como árbitro; pero si este ya no funciona como tal, los ciudadanos quedan al desamparo y a expensas de un poder que no tiene límites, ningún control.
Cuando los diputados del partido del presidente Bukele destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional hace un año, alegaron que lo hacían porque con sus resoluciones violaron la Constitución “poniendo en primer lugar intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población”.
Pero, en su resolución de inconstitucionalidad de ese decreto, la Sala de lo Constitucional desveló la otra razón: “la falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales”.
Antes de este acontecimiento, Bukele había ido subiendo de tono en contra de la Sala, debido a que esta amparó a los ciudadanos a los que el gobierno había detenido y confinado acusándolos de foco de infección y violándoles sus derechos constitucionales durante la pandemia de covid-19.
La Policía y la Fuerza Armada recibieron facultades para detener y confinar a todo aquel que consideraran, a discreción, que violaban la cuarentena.
La Sala de lo Constitucional le ordenó al Órgano Ejecutivo liberar de inmediato a los ciudadanos amparados y abstenerse de detener y confinar a ciudadanos sin pruebas de que representaban un riesgo de contagio. Bukele y algunos de sus funcionarios tildaron a los magistrados de ser enemigos de la población.
Una vez ganada la mayoría en la Asamblea, Nuevas Ideas y sus aliados ejecutaron el plan de destituir a la Sala de lo Constitucional. Pese a que estos declararon inconstitucional el decreto, uno a uno fueron renunciando; trascendió que fueron presionados a renunciar.
El único que no renunció, Carlos Sergio Avilés, dijo en un evento del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) el pasado 28 de abril, que aquella resolución de inconstitucionalidad del decreto legislativo fue porque violó la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, y que este aún está vigente.
“Esa resolución fue debidamente notificada, debidamente publicada, emitida por un tribunal constitucional legítimamente constituido, actuando en sus facultades y competencias constitucionales. Ingresó al ordenamiento jurídico, es una resolución vigente, es una resolución que en cualquier país donde exista un estado de Derecho funcional se cumple”, afirmó.
Pese a la vigencia del decreto, la Corte sigue integrada tal cual lo decidieron los diputados afines al presidente Bukele.
A la Sala de lo Constitucional llegaron nombrados tres abogados vinculados al oficialismo: José Ángel Pérez Chacón, quien fue asesor jurídico de la Presidencia; Luis Suárez Magaña, quien trabajó en el gobierno y Héctor Nahún Martínez, quien ejerció como fiscal y venía de defender al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en el antejuicio que se le siguió en la anterior Asamblea Legislativa por desacato a una autoridad superior.
El rechazo de la comunidad internacional llegó incluso desde la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que se mostraba afecta a Bukele a través de Luis Almagro. Estos se pronunciaron públicamente contra este atentado a la independencia de poderes y la destitución de jueces. En una reunión convocada por el presidente Bukele, representantes diplomáticos dijeron de frente al mandatario que tales decisiones iban contra los principios democráticos y el estado de Derecho.
Pero el control del Órgano Judicial siguió adelante. Y, hechos los reacomodos, llegó una de las decisiones más controversiales: negaron la extradición de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a Estados Unidos, país que los reclama para que enfrenten cargos graves como asesinatos, narcotráfico y crimen organizado.
Magistrado impuesto frenó entrega de “Blue” y “Manicomio”
El 10 de junio de 2021, en una sesión de Corte Plena, el magistrado impuesto por el régimen de Bukele, Pérez Chacón, logró que no prosperara la entrega del cabecilla de la MS, Armando Eliú Melgar Díaz, apodado “ Blue” o “Cliper”, reclamado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde está acusado de intentar asesinato, crimen organizado, narcotráfico y financiación del terrorismo.
Díaz, cabecilla de la MS, a EE. UU., cuya solicitud expirará en septiembre próximo. FOTO EDH / ARCHIVO
Pese a que trece de los magistrados habían votado la extradición de este cabecilla, Pérez Chacón pidió revertir esa decisión luego de proponer él mismo la no entrega del otro pandillero reclamado, Edwin Mauricio Rodríguez Torres, alias “Manicomio”, a quien otros magistrados también defendieron argumentando que era menor de edad cuando presuntamente cometió los delitos en EE. UU. y que este país no daba garantías de que no sería procesado como adulto.
El planteamiento de los magistrados contradijo el hecho de que en esa misma sesión se dijo que Estados Unidos envió una carta formal en la que decía que “no pedirá una pena de muerte o si se le condena por el Juez, no cumplirá la misma”.
Pero el temor a que el destino del pandillero dependiera del juez y no del Departamento de Estado hizo que los magistrados negaran la extradición.
Aunque el debate y la decisión de rechazar la petición era concerniente a “Manicomio”, el magistrado impuesto aprovechó para suspender la entrega de “Blue”.
Pérez Chacón argumentó que había que hacer una propuesta de resolución más analizada porque “no existe en el proyecto ninguna discusión de estos temas sobre aplicación directa de la Constitución y a la luz de los Convenios Internacionales citados”, por lo que propuso “reconsiderarse la decisión anterior y trabajar una mayor fundamentación sobre la posibilidad de ejercer control de
constitucionalidad de los convenios”.
Varios meses después, logró el apoyo de otros magistrados para no entregar a “Manicomio” y retroceder en su decisión que afectaba a “Blue”. A esta fecha, la Corte sigue dilatando su decisión de si lo extradita o no. La solicitud expira en septiembre próximo.
En enero de 2022, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, en consonancia con el magistrado impuesto, pidió que sea revisado el tratado de extradición con EE. UU. porque se trata de “una normativa preconstitucional” y que “sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta constitución establece”.
La Corte ha prometido que “Manicomio” será enjuiciado en el país pero esto implica que bajo la Ley Penal Juvenil, recibiría a lo mucho 15 años de encierro, una tercera parte de la pena que habría recibido en EE. UU., donde se le reclama por asesinato y otros dos delitos graves.
La semana pasada, EE. UU. puso en el ojo público nuevamente el tema de la extradición en que siempre ha trabajado bien con El Salvador, que este tratado ha permitido sacar delincuentes de las calles y les permite trabajar de la mano contra las pandillas, las cuales afectan la seguridad nacional de ambos países.
Estados Unidos espera la respuesta a 24 solicitudes de extradición de salvadoreños que están acusados de graves delitos en ese país, entre estos “Blue” y otros 15 pandilleros que integran la llamada “ranfla nacional”, es decir, los máximos jefes de la MS, considerada una estructura criminal transnacional.