“Yo creo que lo primero que podría preguntarse es si después de un año del régimen de excepción se sigue pudiendo hablar de excepcionalidad”. Así se refirió el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al analizar el primer año del estado o régimen de excepción, que suspende una serie de garantías constitucionales a los salvadoreños.
El Salvador cumplirá este 27 de marzo un año bajo esta medida “excepcional” que ejecuta el gobierno de Nayib Bukele, tras un fin de semana violento en el que murieron más de 80 personas. Desde esa fecha de 2022, las autoridades de seguridad comenzaron a capturar a hombres y mujeres acusándolos de tener vínculos con pandillas.
De hecho, hasta este 15 de marzo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, daba cuentas de 65, 795 salvadoreños capturados bajo esta medida que, de acuerdo con el oficialismo, ha garantizado la seguridad en la nación.
Al respecto, el padre Andreu Oliva dijo a El Diario de Hoy que “a lo largo de este año” han disminuido los homicidios, ha disminuido la presencia y el control que tenían las pandillas en los territorios, y por tanto, las condiciones han cambiado en el año 2023 en el mes de marzo, respecto a la situación en las que el país se encontraba en el mismo mes del año 2022.
Bajo este panorama, el académico manifestó que, a su forma de pensar, “ya no habría motivos o justificación para hablar de la excepcionalidad que diera lugar a mantener el régimen de excepción” en aquel marzo de 2022.
Situaciones nuevas en el país
Por otra parte, el sacerdote jesuita manifestó que a lo largo de estos meses en que el régimen ha estado presente han habido muchos efectos que, de alguna manera, han generado situaciones nuevas en el país. “No solamente una mejora de la seguridad para una buena parte de la población, sino también situaciones y problemas sociales que no están siendo atendidos”, señaló.
Esto en referencia a que tanto organismos internacionales como nacionales han cuestionado fuertemente esta medida y señalan que, entre los más de 65, 000 detenidos, hay personas inocentes a las que se les han violentado derechos fundamentales.
En ese sentido, el rector de la UCA se preguntó: ¿qué pasa con la niñez que hoy tiene a un padre o una madre privados de libertad? ¿en manos de quién está esa niñez? y ¿qué está haciendo el Estado para atender a estos menores que de alguna manera han quedado en el abandono?.
Hasta inicios de enero, la organización Cristosal registraba 3,227 personas vulneradas de sus derechos ante esta medida.
Es por eso que el religioso no dejó de mencionar que el estado de excepción ha afectado a las economías familiares.
“Muchas de estas familias hoy no tienen ingreso porque han perdido a los que proveían del hogar para cubrir sus necesidades básicas”, indicó.
¿Qué se ha hecho con estas familias que pueden estar viviendo situaciones precarias?, se preguntó.
Seguido de eso, Oliva apuntó que sigue habiendo una preocupación enorme por la cantidad de personas que han sido detenidas y acusadas de pertenecer a organizaciones ilícitas sin que se haya podido demostrar este hecho. “Estas personas estarían capturadas sin que hayan cometido ningún delito y ya llevan algunas de ellas mucho tiempo, sin que se hayan hecho las vistas judiciales y las audiencias en los periodos oportunos”, criticó.
“Todas estas personas nos deberían preocupar a la sociedad salvadoreña, ya que junto a muchas otras personas que sí podían estar relacionadas con las pandillas hay muchísimas otras personas que no tienen ninguna relación con estas y que se les ha afectado ante el principio de inocencia al que tenemos derecho todas las personas según la Constitución”
Padre Andreu Oliva, rector de la UCA
En noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la muerte de al menos 73 personas detenidas durante el régimen de excepción, así como las denuncias de tortura y malos tratos en centros bajo custodia del Estado.
Al respecto, el organismo instó a implementar acciones para prevenir actos de violencia e investigar estos casos con la debida diligencia requerida, y reparar integralmente a las víctimas.