Adrián Efraín Solórzano Hernández fue asesinado el 4 de julio de 2022, mediante asfixia, supuestamente por un custodio del Centro Penal La Esperanza que lo ahorcó colocándole la macana en el cuello. La víctima había sido capturada el 18 de abril de 2022, bajo el régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de ese mismo año.
Desde entonces, la familia de Adrián no ha tenido tranquilidad, pues además del luto ha tenido que vivir soportando amenazas e intimidaciones que no han cesado.
El último acto de intimidación, sospechan, ocurrió este año, poco antes de las vacaciones agostinas, cuando personas desconocidas llegaron al lugar de trabajo de la esposa de Adrián y preguntaron por ella. Solo preguntaron por ella, no dijeron más y no volvieron a llegar. La persona que los atendió les dijo que no estaba de turno. No volvieron a llegar y tampoco buscaron otra forma de contactarla, en caso de que hubiesen sido personas conocidas de ella, aseguran.
El caso de Adríán es, posiblemente, el único que está documentado que no murió de “edema pulmonar”, como suelen decir de muchos presos que han muerto en prisión, a pesar de que los cadáveres presentan heridas, huesos rotos, moretones o marcas de golpes.
Durante la velación y sepelio de Adrián, Hilda, su hermana, dijo a periodistas que en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde les entregaron el cadáver, les dijeron claramente que su hermano había muerto por asfixia mecánica, es decir, que fue ahorcado.
El documento extendido por el IML también es claro: la causa de la muerte de Adrián fue por “asfixia mecánica por estrangulación”. Así lo certificó la forense que hizo el reconocimiento legal del cadáver en el hospital Zacamil.
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¿Qué investigó la PDDH?
A raíz de publicaciones periodísticas donde se consignaba las declaraciones de Hilda Solórzano y en las cuales también se reprodujo el documento del IML, en el que constaba que fue un homicidio, la Procuraduría de Derechos Humanos inició una investigación el 30 de septiembre de 2022; sin embargo, a casi dos años, esa institución no se ha vuelto a comunicar con la familia de Adrián para decirles los resultados de la investigación, según el expediente número SS 0211-2022.
“Para nosotros estos dos años han sido prácticamente un calvario, sufriendo acoso de entidades públicas”, dijo Hilda, en una entrevista con El Diario de Hoy.
Entre varios actos de intimidación, vigilancia y amenazas, la familia destaca dos hechos que ocurrieron varias semanas después, cuando la familia de Adrián comenzó a darle marcha a sus deseos de que el homicidio no quedara en impunidad.
Comenzaron por denunciar el caso ante la Procuraduría de Derechos Humanos y, ante la desidia del Estado de investigar el caso, pidieron a un abogado particular que realizara las diligencias necesarias para procurarse justicia.
A poco de iniciar esas acciones, varias personas vistiendo ropas con logos de una empresa de telefonía e internet se presentaron a la vivienda, con la excusa de que revisarían las instalaciones del servicio . Todos llevaban carnet con logos de la empresa, lo cual les generó confianza a Hilda y su familia.
Sin embargo, los residentes notaron que revisaron en muchos lados menos donde realmente estaba el aparato de internet y telefonía. Al retirarse, los sujetos prometieron que volverían.
Ante las sospechas, la familia de Adrián contactó con la empresa de telecomunicaciones para preguntarles si habían mandado a algún equipo a efectuar alguna revisión al domicilio, pero la respuesta fue que no tenían registros de solicitudes de revisión ni de envío de personal a la mencionada vivienda.
Aquellas personas no volvieron a llegar. Pero meses después tendrían otra sorpresa, y a diferencia de los “empleados de telefonía” que solo hurgaron por toda la casa, quienes llegaron después si lanzaron fuertes amenazas, aseguran los denunciantes.
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Amenazas de supuestos fiscales
Aproximadamente en junio de 2023, estaban varios familiares reunidos en el frente de la casa, ubicada en una colonia de Jucuapa. Entre los adultos destacaba el hijo de Adrián, de seis años, quien jugaba como solía hacerlo siempre que los adultos salían a sentarse un rato por la tarde, en la acera.
De repente vieron llegar un pick up doble cabina, similares a los que suelen usar fiscales o policías investigadores, aunque no le vieron ningún distintivo de la Fiscalía o de la Policía, asegura Hilda
Del auto se bajaron tres hombres que llevaban puestas chaquetas azules con las letras FGR y se dirigieron a los familiares de Adrián, quienes pensaron que les llevaban alguna información sobre la investigación. Sin embargo, estaban a segundos de saber que era todo lo contrario.
Los hombres dijeron ser de la Fiscalía y cuando les preguntaron a los visitantes en qué les podían servir, uno de los tres les dijo que solo habían llegado a verificar si allí vivían familiares de Adrián Solórzano.
“Por el niño deberían considerar dejar las cosas así, si al final ya no lo van a revivir. Para qué, hay después amanecen en las cunetas tirados o viene la Policía a traerlos y luego dicen que a saber por qué se los llevaron”
amenaza a la familia de adrián solórzano
Luego comenzaron a decir que había sido una lástima que a tan corta edad, el niño (hijo de Adrián) se hubiera quedado sin padre, pero que podría ser más lastimoso que se quedara sin mamá, también, o que quedara completamente solo.
Luego de decir eso, el mismo hombre les dijo que en vez de que andar queriendo averiguar cosas que ya no les importaban, que dejaran así las cosas (el homicidio contra Adrián), que dejaran de andar revolviendo el lodo, porque para qué iban a hacer más grande el problema, de acuerdo con el relató de la familia.
Los hombres se le quedaban viendo fijamente al niño y luego decían “pobrecito, es una lástima que se vaya a quedar solo".
Uno de los supuestos fiscales les dijo, claramente recuerdan, que dejaran de andar revolviendo las cosas, en referencia a procurar que se investigara el homicidio de Adrián. “Por el niño deberían considerar dejar las cosas así, si al final ya no lo van a revivir. Para qué, hay después amanecen en las cunetas tirados o viene la Policía a traerlos y luego dicen que a saber por qué se los llevaron”, amenazó el hombre.
El abogado que la familia había contratado también les sugirió que dejaran las cosas así, luego de que sufriera un accidente automovilístico, con un carro de las mismas características donde llegaron los “supuestos fiscales” a Jucuapa. Previo a eso, el letrado les comentó que había percibido seguimiento de desconocidos hacia él.
El miedo se apoderó de los familiares. No era para menos esa amenaza; eso sin contar con otros eventos de los que, aseguran, no pueden decir tajantemente que iban dirigidos contra ellos por el hecho de procurar que el homicidio de Adrián fuera investigado.
Posterior a que los “supuestos fiscales” llegaran a amenazar a la familia de Adrián, decidieron buscar asilo, incluso por la aplicación CBP One, disponible cuando los solicitantes están en México, de donde se tuvieron que regresar porque el tiempo pasaba y el dinero que llevaban se les terminó y la cita nunca llegó.
Las miserias que tenían que pasar, luego de que el dinero que llevaban se les acabara, pasaron desde dormir en los parques, descargar camiones de verduras o frutas, etc. Eso las obligó a regresar al país, a vivir bajo constante temor, en zozobra sin haber cometido ningún delito.
La familia de Adrián vive día a día con temor de que las amenazas de aquellos “supuestos fiscales” que llegaron a su casa en julio de 2023, se materialicen, tan solo por aspirar a que el homicidio de él fuese investigado y que se hiciera justicia.
Desde luego, la familia Solórzano se ha resignado a que el asesinato de Adrian, un taxista que era muy apreciado en todo Jucuapa, quede en la impunidad, como el de personas que han muerto en similares circunstancias mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad del Estado.